El 25 de noviembre en Zaragoza, la diputada del partido VOX, Carmen Rouco, ha exigido la renuncia de María Fe Antoñanzas, quien dirige el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). Rouco argumenta que la directora ha omitido información clave sobre los antecedentes de los agresores sexuales que afectan a las mujeres en la región.

En una rueda de prensa efectuada frente al Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVIS), la diputada cuestionó cómo es posible identificar a los agresores si no se proporciona información clara sobre su origen. Rouco destacó que, según Antoñanzas, 240 mujeres han buscado ayuda en los últimos 12 meses, y plantea: “¿Quiénes son los responsables de estas agresiones?” Además, se refirió a las 340 órdenes de alejamiento emitidas, reiterando su inquietud sobre la identidad de los agresores.

La parlamentaria, con tono crítico, descalificó las propuestas de Antoñanzas, consideradas por ella como “delirantes”, apuntando que iniciativas como crear 'escape rooms' para víctimas o mejorar la conducta de los jóvenes durante celebraciones locales no abordan la esencia del problema. Para Rouco, las soluciones deben ir más allá de actividades culturales, señalando que no resuelven la crisis de violencia.

Rouco también citó estadísticas del Consejo General del Poder Judicial y el Observatorio de la Violencia de Género, que indican que los delitos de agresiones sexuales son perpetrados por extranjeros a un ritmo cuatro o cinco veces superior al de los nacionales. Esto, según ella, subraya la necesidad de abrir un debate transparente sobre el perfil de los agresores para abordar efectivamente la problemática.

En su intervención, la diputada criticó lo que calificó como un "silencio atroz" por parte de Antoñanzas. A su juicio, es vital conocer la identidad de los agresores para desarrollar políticas eficaces contra la violencia de género. Rouco enfatizó que es urgente reconocer la gravedad del problema, especialmente en culturas que denigran a las mujeres, señalando prácticas inaceptables como la mutilación genital y los matrimonios forzados.

Asimismo, Rouco instó a que toda la financiación pública destinada a la atención de las víctimas sea usada exclusivamente para este fin. Recordó que siempre han existido refugios para mujeres que sufren violencia de género y manifestó su solidaridad con aquellas que han sido agredidas, exigiendo la eliminación de cualquier agresor en Aragón.

Finalmente, Rouco afirmó que no se opone a la atención brindada a las víctimas, pero advirtió que los recursos no deben desviarse hacia actividades que, en su opinión, no garantizan la seguridad y libertad que merecen las mujeres. Criticó al Gobierno de Aragón por su aparente falta de respuesta ante una situación que califica de alarmante.