En una reciente declaración, la diputada autonómica de Vox, Carmen Rouco, ha expresado su firme oposición a la nueva regulación que obligará a todos los vehículos a llevar una baliza de emergencia V-16 a partir del próximo 1 de enero de 2026. Según Rouco, esta medida se presenta como una “carga excesiva” para las familias y los trabajadores españoles.

La normativa, incluida en el Real Decreto 159/2021, estipula el uso obligatorio de la baliza como parte de un esfuerzo por mejorar la seguridad en las vías públicas, sin embargo, Vox ha decidido registrar una iniciativa en las Cortes de Aragón y otros parlamentos para que se suspenda esta exigencia. Los representantes del partido cuestionan la necesidad de la baliza hasta que se realicen estudios técnicos independientes que validen su eficacia en condiciones reales.

Rouco ha calificado el costo de la baliza, que va de 30 a 70 euros, como un gasto innecesario. Asimismo, ha criticado el enfoque de la normativa que, en su opinión, deja fuera a los millones de vehículos extranjeros que frecuentan las carreteras españolas. “Es absurdo que esta carga recaiga únicamente en los automóviles matriculados en nuestro país”, ha afirmado.

La diputada también ha manifestado su preocupación respecto a las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) que sugieren que los conductores coloquen la baliza desde el interior del coche. Según Rouco, este procedimiento es peligroso y contradice las pautas establecidas para la seguridad: “Los ocupantes deben evacuar el vehículo y buscar un lugar seguro, pero esta medida pone en riesgo su seguridad”, ha señalado.

A lo largo de su discurso, Rouco ha enfatizado que no hay evidencias suficientes que respalden la utilidad de la baliza V-16 en términos de seguridad vial, incluso cuestionando por qué no se permite a los conductores elegir entre usar la baliza o los tradicionales triángulos reflectantes, que sí cuentan con un consenso sobre su eficacia.

Desde su perspectiva, la diputada ha pedido un enfoque más racional ante este tipo de normativa, rechazando tanto las “cargas económicas” irresponsables para las familias como las decisiones que podrían poner en peligro la seguridad de los conductores. “La baliza no es más que una nueva dificultad añadida para los ciudadanos, y el verdadero desafío no está en la carretera, sino en quienes imponen estas regulaciones”, concluyó. Su mensaje ha sido claro: “La modernidad no debería significar complicar aún más la vida de las personas”, argumentó con convicción.