En un giro significativo en la política local, la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha formalizado una solicitud para convocar de manera extraordinaria la Junta de Portavoces. En esta sesión, que debe ser presidida por la alcaldesa Natalia Chueca, se expondrán los nuevos costos asociados a la remodelación de La Romareda. Además, el PSOE planteará una moción que busca garantizar la inclusión de la oposición en la sociedad mercantil que gestiona el proyecto, La Nueva Romareda.

Ranera ha denunciado el “incumplimiento” en el proceso de toma de decisiones, refiriéndose a la falta de consulta formal mediante la Junta de Portavoces ante el alarmante aumento del presupuesto destinado al estadio. Originalmente estimado en 140 millones de euros, el coste del proyecto ha estallado a casi 200 millones, específicamente 196 millones, un incremento que no puede pasar desapercibido.

El gobierno está llevando a cabo una ampliación de capital de 20 millones de euros, mientras que el Gobierno de Aragón hará lo mismo. Además, se ha gestionado un préstamo participativo de 32 millones que se dividirá equitativamente entre ambas administraciones, lo que suma un total de 72 millones de euros. Ranera ha expresado su preocupación, compareciendo esta cifra con la inversión municipal del año en curso, que asciende a 76 millones, sugiriendo que este nuevo compromiso podría poner en peligro otras inversiones previstas.

La reestructuración financiera también conlleva un cambio en la distribución de acciones de La Nueva Romareda, donde tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza retendrán un 40% de la sociedad, mientras que el Real Zaragoza solo tendrá un 20%. Esta nueva realidad contrasta con el acuerdo inicial donde cada parte había acordado aportar un tercio, cuando la valoración del estadio era de 120 millones de euros.

Durante una rueda de prensa, Ranera enfatizó la necesidad de “transparencia total” respecto a estas modificaciones, por lo que urgió la celebración de la Junta de Portavoces para que la alcaldesa proporcione de manera clara toda la información relacionada con La Nueva Romareda y los compromisos económicos que implican los gastos adicionales del estadio. “La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se están utilizando sus recursos”, subrayó.

Ranera también manifestó que en el próximo pleno se defenderá una moción para incluir a un representante de la oposición en el Consejo de Administración de La Nueva Romareda. “Es indudable que el nuevo campo de fútbol es una necesidad, pero exigimos máxima transparencia. Es nuestra responsabilidad ofrecer un control claro sobre estas decisiones en nombre de los ciudadanos”, indicó con firmeza.

Criticando la falta de comunicación, Ranera sugirió que el equipo de gobierno no puede cambiar de manera unilateral los términos acordados, especialmente señalando el sorpresivo cambio en los costos relacionados con el nuevo esquema de participación accionarial. Además, mencionó que la oposición apenas tuvo acceso a la documentación relevante hasta el lunes anterior, lo que dificulta el debate informado sobre el proyecto en curso.

Lola Ranera reafirmó que el principal objetivo del PSOE es “la necesidad de estar bien informados”, descalificando afirmaciones previas que aseguraban que este proyecto no generaría costos adicionales para la ciudadanía. “Es vital que los ciudadanos estén al tanto de este desarrollo, porque merecen ser parte del proceso”, enfatizó.

Rememorando las conversaciones que surgieron tras la pandemia de COVID-19, Ranera recordó que el PSOE consideró imprescindible el desarrollo de un nuevo estadio que acomode al equipo en Primera División. En 2022, el entonces alcalde Jorge Azcón generó expectativas al mencionar que los nuevos gestores del Real Zaragoza presentarían un modelo que aseguraría la viabilidad del nuevo estadio sin que el Ayuntamiento tuviera que realizar desembolsos significativos.

A medida que ha avanzado el año 2023, se ha puesto sobre la mesa un ambicioso proyecto de Ciudad Inteligente del Deporte, pero tras las elecciones, el Real Zaragoza anunció que no se presentaría a la licitación, lo que provocó que las afirmaciones iniciales de un costo compartido de 140 millones entre las tres entidades (Gobierno de Aragón, Ayuntamiento y Real Zaragoza) comenzaran a tambalearse.

El PSOE ya había anticipado que los costos probablemente aumentarían y solicitó la participación activa de la oposición en la sociedad La Nueva Romareda, pero esta propuesta fue rechazada en la votación, lamentó Ranera. También se dio a conocer la necesidad de un campo de fútbol portátil en el Actur, que, si bien se proyectó como solución, se topó con un informe de los bomberos que advertía sobre las condiciones de inundabilidad de la zona, lo que añadiendo un costo de 15 millones de euros, complicaba aún más la situación.

En una última crítica, Ranera aludió al apresurado anuncio del nuevo proyecto por parte de la alcaldesa el pasado viernes, sugiriendo que, al actuar de manera tan rápida, se estaban desestimando serias preocupaciones planteadas relacionadas con la gestión de este importante recurso público. “Nuestras sospechas se han confirmado”, concluyó con una nota de descontento, dejando claro que la voz del PSOE y la ciudadanía deben escucharse en cada paso de este proceso decisivo.