El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza presentará dos mociones en el pleno de octubre para exigir al Gobierno de España medidas urgentes que resuelvan el colapso logístico en la Terminal Marítima de Zaragoza (TmZ) y en el sector agroalimentario aragonés. Además, pedirán que se promueva una nueva legislación contra la ocupación ilegal de viviendas y locales.

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Ángel Lorén, ha detallado que estas mociones responden a los problemas derivados de la gestión del Gobierno de España.

Lorén ha señalado que el problema en la TmZ es solo el comienzo de dificultades futuras, ya que la falta de planificación en las infraestructuras ferroviarias del Corredor Cantábrico-Mediterráneo está afectando gravemente a la terminal, uno de los puertos secos más importantes y eficientes de Europa.

La TmZ maneja un alto porcentaje de contenedores llenos, tanto en importación como en exportación, lo que se verá afectado por la reducción del tráfico de mercancías debido a esas obras. Todo esto conlleva repercusiones negativas para sectores clave como el porcino y la alfalfa, en los que Aragón es líder a nivel mundial.

Lorén ha criticado la falta de planificación del Gobierno, atribuyendo este problema a la supuesta "colonización" de las empresas públicas por parte del presidente Pedro Sánchez, lo cual, a su juicio, limita la capacidad del país para crecer.

En relación con la segunda moción, Lorén ha mencionado tres factores que han contribuido a los problemas en el sector de la vivienda, como el supuesto apoyo del Gobierno a la ocupación ilegal y la falta de construcción de viviendas en el último mandato.

La moción sobre la TmZ busca corregir la planificación de las obras ferroviarias para no comprometer la actividad logística en Aragón, mientras que la moción sobre vivienda propone una nueva legislación que garantice la intervención inmediata ante la ocupación ilegal de viviendas y locales, y refuerce la seguridad jurídica para propietarios y arrendatarios.

Además, se plantea una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales para identificar y desalojar inmuebles ocupados, así como regular la actuación de los ayuntamientos en casos de ocupación ilegal que afecten la convivencia vecinal.