ZARAGOZA, 15 de noviembre. En el contexto de un debate que se avecina en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular ha decidido llevar una moción que demanda acciones concretas por parte del Gobierno español. Este planteamiento será discutido durante la sesión plenaria programada para el miércoles 19 de noviembre, donde se espera que se vote a favor de la iniciativa.

La moción exige que el Gobierno asuma su responsabilidad de cumplir con las sentencias judiciales definitivas y actúe de inmediato para devolver las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena a Aragón, su legítimo propietario. Este punto es crucial para los populares, quienes insisten en que se deben adoptar medidas en colaboración con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Ministerio de Cultura y la Generalitat de Cataluña, para que la restitución se realice sin más retrasos.

En el primer apartado de la moción, se detalla que el Gobierno debería rechazar el informe técnico solicitado por el Museo Nacional de Cataluña al Instituto de Patrimonio Cultural de España, que está bajo la tutela del Ministerio de Cultura. Este rechazo es considerado primordial por el GPP para avanzar en la protección de los derechos de Aragón sobre estas obras.

El tercer aspecto que se resalta en la moción subraya que el Gobierno, liderado por Sánchez, debe intervenir si la Generalitat continúa con sus intentos de eludir la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo. Esto implica ejercer competencias para garantizar que la devolución de las pinturas se lleve a cabo, apoyándose en lo que establece la Constitución y las leyes pertinentes sobre patrimonio histórico y judicial.

La iniciativa del GPP recuerda que tras el incendio en 1936, las pinturas murales fueron trasladadas al Museo de Arte de Cataluña. No obstante, a pesar de que las sentencias judiciales han favorecido a Aragón en repetidas ocasiones, incluyendo una reciente del Tribunal Supremo que reafirma la propiedad aragonesa y ordena la devolución, la Generalitat ha intentado reclamar la propiedad sin justificación legal.

Alicia García, portavoz del GPP en el Senado, ha criticado que, a pesar del respaldo legal claro, la Generalitat ha recurrido a tácticas dilatorias para obstaculizar la ejecución de la sentencia. García describe estas acciones como un desafío a la legalidad vigente y un ataque al artículo 118 de la Constitución Española, instando al Gobierno a no permanecer inactivo ante esta situación.

García concluye subrayando que la actual crisis en el pacto gubernamental ha llevado a Sánchez a una postura de concesiones al independentismo, aun a costa de ignorar decisiones judiciales y los principios del Estado de Derecho. La exigencia es clara: el cumplimiento de la Justicia debe prevalecer sobre cualquier otra consideración política.