Mayte Pérez denuncia la estrategia de culpar a otros del Gobierno aragonés para ocultar su propia gestión.
En Zaragoza, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mayte Pérez, ha arremetido contra el Gobierno de Aragón y el consejero de Hacienda por su presunta falta de transparencia y su intento de desviar la atención de sus propios errores de gestión diaria. Pérez ha acusado al ejecutivo de mentir de forma sistemática, destacando el ejemplo de los supuestos 1.000 millones generados por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y el supuesto agujero de 72 millones que no se sostiene.
La dirigente socialista ha denunciado que el Gobierno intenta ocultar sus fallas fabricando falsas noticias para evitar asumir responsabilidades. En concreto, ha señalado el caso del pago de la carrera profesional al personal sanitario, relacionado con el déficit de 2023 y que en realidad había sido acordado con los sindicatos en años anteriores. Pérez ha revelado la cronología de los hechos para desmontar las afirmaciones del ejecutivo.
En su exposición, Mayte Pérez ha evidenciado que el consejero de Sanidad tenía conocimiento sobre este asunto mucho antes de lo que pretende hacer parecer el Gobierno. Documentos públicos demuestran que la información sobre el pago de la carrera profesional estaba en circulación desde noviembre del año pasado. Ante estas revelaciones, Pérez ha cuestionado la credibilidad de las autoridades.
La portavoz socialista ha expresado su preocupación por la gestión del actual Gobierno, la cual, a su juicio, se centra en culpar a la administración anterior en lugar de controlar al presidente Azcón. Según Pérez, se está imputando una deuda inexistente a 2023, mientras se desatienden las verdaderas necesidades presupuestarias. La dirigente ha insinuado que estas prácticas sólo buscan deslindar responsabilidades.
En relación con el proceso de regularización de la carrera profesional, Pérez ha afirmado que el acuerdo se alcanzó en 2023 y debería haberse ejecutado en ese año. Sin embargo, permite solicitudes retroactivas desde 2019, lo que ha generado un proceso de evaluación de méritos aún en curso. La portavoz ha reiterado que el Gobierno tenía conocimiento pleno de la situación y ha criticado la falta de transparencia en su acción gubernamental.