En Zaragoza, la directora general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, Esperanza Puertas, ha resaltado la ardua labor realizada por los 23 letrados que conforman el área, quienes se encargan de supervisar más de 12.000 pleitos activos, algunos de gran envergadura y de suma importancia para la comunidad autónoma.

Puertas compareció ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, luego de una solicitud previa del diputado del PAR, Alberto Izquierdo, que por una confusión en su agenda no pudo asistir la semana pasada a la cita programada en Alcañiz.

La directora detalló la cantidad de trabajo que enfrentan los letrados, con la entrada de 1.784 nuevos pleitos la semana pasada y un total de 4.242 hasta la fecha, con 12.000 casos que siguen activos debido a los plazos de la Justicia.

Puertas mencionó la variedad de casos que abordan, desde contenciosos administrativos hasta informes consultivos, diligencias y mesas de contratación, resaltando la necesidad de más personal que esperan obtener mediante las Ofertas Públicas de Empleo de 2023 y 2024.

La directora subrayó que la labor de la Dirección General se centra en aspectos jurídicos y no políticos, con distintas funciones consultivas y contenciosas en áreas como la asistencia a letrados y la representación en instancias judiciales de carácter nacional e internacional.

En cuanto a las competencias municipales, Puertas consideró que la autonomía local está condicionada por la legislación estatal y las atribuciones de las comunidades autónomas, evitando entrar en debate sobre la legitimación para impugnar la Ley de Amnistía.

Los diputados de distintos partidos plantearon cuestiones sobre la litigiosidad en Aragón, la necesidad de ampliar el personal en la Dirección General, y la capacidad de regulación de los municipios en asuntos como las renovables, generando debate entre los presentes en la comisión.