La reciente operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado un gran impacto en la investigación de un fraude millonario que involucra a Víctor de Aldama. La documentación encontrada durante los registros realizados será objeto de un exhaustivo análisis para desentrañar las irregularidades en el sector de los hidrocarburos, donde la cifra de lo defraudado asciende a una alarmante suma de 182 millones de euros.

El 17 de diciembre, se conoció la liberación de Carmen Pano, quien había declarado haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz. Junto a ella, fueron liberados otros tres detenidos en el contexto de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional, en la cual De Aldama ya había sido arrestado anteriormente como el presunto 'conseguidor' en el polémico 'caso Koldo'.

Las fuentes que están al tanto del desarrollo de la investigación detallaron que entre los arrestados se encontraban, además de Carmen Pano, su hija, Luis Alberto Escolano —quien es socio de Aldama—, y otro individuo vinculado con la trama fraudulenta. Todos ellos continúan bajo investigación por delitos fiscales y blanqueo de capitales, en un caso dirigido por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional.

Los registros, que se llevaron a cabo en varias localidades españolas, incluidas Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo, resultaron en la confiscación de una gran cantidad de documentación que debe ser analizada para rastrear el dinero que supuestamente la organización criminal ocultó a través de una elaborada estructura societaria destinada a cometer el fraude fiscal.

Aunque se ha especulado sobre la conexión de Pano con la entrega de dinero en Ferraz, los investigadores enfatizan que su detención está directamente relacionada con el fraude en el sector de los hidrocarburos, y no con las declaraciones que hizo sobre el PSOE.

La UCO ha indicado que esta operación coincide con la reconstrucción de una organización criminal que estaba utilizando una compleja red de empresas para facilitar el fraude fiscal. Según sus declaraciones, los implicados habrían alterado la estructura de sus empresas para maximizar los beneficios delictivos y garantizar el éxito del fraude.

Este proceder incluía la creación de sociedades tanto en territorio nacional como en terceros países, que sirvieron como instrumentos para blanquear el dinero obtenido ilegalmente. La Guardia Civil también destacó que las operaciones comenzaron el 7 de octubre de 2024 y continúan en curso, buscando las conexiones y extensión de esta red criminal.

El juez Pedraz ha indicado que la organización criminal no solo diseñó una estructura empresarial paralela, sino también implementó mecanismos para operar y perfeccionar el blanqueo de los capitales generados de forma ilícita. Las conclusiones apuntan a que los fondos transferidos, que suman más de 73 millones de euros, provienen de empresas suministradoras implicadas en el fraude fiscal.

Además de la incriminación de Aldama, el informe policial sugiere que Escolano estaba siendo utilizado para ocultar bienes a través de la titularidad de empresas en España y en el extranjero. El juez Ismael Moreno también destacó que Escolano había alquilado un inmueble en Plaza España, donde residió Jessica R., ex pareja del exministro José Luis Ábalos, lo que añade una capa de intrigue político al caso.

La UCO actuó en esta investigación de manera simultánea con la declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, donde se le investiga por las supuestas adjudicaciones irregulares que tuvieron lugar durante la pandemia en relación con la adquisición de material sanitario. La situación se ha tornado crítica para Aldama, quien había sido puesto en libertad tras su declaración en el controvertido 'caso Koldo', aunque su socio Claudio Rivas sigue encarcelado mientras la investigación avanza.

La investigación, que permanece bajo estricto secreto, sigue su curso, con la implicación de otros actores en la trama, incluyendo a la subdirectora María Luisa Rivas y varios testaferros que ocupan posiciones en el consejo de administración de las empresas involucradas. La magnitud y la complejidad del caso resaltan la necesidad de un seguimiento riguroso para esclarecer todos los entresijos de esta enredada trama de corrupción fiscal.