ZARAGOZA, 19 de noviembre. En una sesión celebrada este martes, las Cortes de Aragón han instado al Gobierno autonómico a incrementar el número de viviendas públicas destinadas al alquiler social y a la venta a precio asequible en las comarcas pirenaicas, incluyendo Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. Además, se ha solicitado la apertura de una línea de subvenciones a los Ayuntamientos con el propósito de facilitar la compra y rehabilitación de viviendas vacías. Esta resolución se produce tras la aprobación parcial de una Proposición No de Ley presentada por el grupo Aragón Teruel Existe.

Durante la tramitación de esta iniciativa en la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, se desestimaron varias propuestas clave. En particular, se rechazaron las sugerencias para dirigir “una parte del Plan Pirineos hacia la promoción de vivienda pública en régimen de alquiler y compraventa”, así como la idea de declarar estas comarcas como zonas de mercado residencial tensionado.

El portavoz del grupo Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha señalado la emergencia de la problemática habitacional en el valle pirenaico. “Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es destinar fondos del Plan Pirineos para construir más viviendas y así ponerlas disponible en el mercado”, subrayó, evidenciando la necesidad urgente de un enfoque más robusto en esta temática.

Guitarte también hizo alusión a la concentración de unas 300 personas que tuvo lugar el 13 de octubre en Benasque, demandando "una vivienda digna". Destacó que las comarcas pirenaicas cumplen con la normativa nacional para ser consideradas zonas de tensión, lo que subraya un problema real: “Los trabajadores no pueden acceder a una vivienda en condiciones adecuadas”, lamentó, señalando que muchos propietarios alquilan sus inmuebles desde septiembre hasta mayo para luego destinarlos al turismo, dejando a los residentes locales en una situación precaria.

“Es crucial que se acelere la construcción de viviendas”, continuó Guitarte, quien expresó la necesidad de que estas comarcas tengan la capacidad de regular los precios de los alquileres y de fomentar la creación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) para transformar el mercado de la vivienda a su favor.

Por su parte, la diputada del PSOE, Beatriz Sánchez, propuso una enmienda verbal a la iniciativa, argumentando que “es fundamental respetar la autonomía municipal y permitir que los propios municipios soliciten ayuda”. Respecto a otro aspecto de la proposición no de ley, también indicó que “el Plan Pirineos no debe convertirse en un cajón de sastre” que acapare soluciones dispersas.

En representación de VOX, Carmen Rouco hizo una enmienda verbal similar, instando a que los puntos de la propuesta se votaran por separado. Argumentó que “destinar una parte del plan a la promoción de vivienda pública podría ser una solución efectiva”, ya que “cualquier estrategia de crecimiento debe incluirla” dentro de sus consideraciones.

Desde el Partido Popular, Susana Cobos defendió que “el Plan Pirineos está diseñado para desestacionalizar el turismo, mientras que el Plan de Vivienda se centra en abordar reformas necesarias en este ámbito”. Enfatizó que “este Gobierno ha desarrollado dos planes diferentes, cada uno con sus respectivos presupuestos y acciones concretas, y ambos son igualmente cruciales”.

Por parte de Chunta Aragonesista (CHA), Joaquín Palacín reconoció la existencia de “un problema significativo de falta de vivienda en diversas zonas del Pirineo aragonés, caracterizadas por altos precios de alquiler y disponibilidad limitada solo de octubre a mayo”. Hizo un llamado a realizar un esfuerzo colmado para asegurar que estas comarcas puedan retener a la población.

Finalmente, el diputado del Partido Aragonés (PAR), Alberto Izquierdo, anticipó su voto en contra de la propuesta, argumentando que “el Plan Pirineos tiene como objetivo desestacionalizar el turismo”, y advirtió que “no es apropiado desviar fondos de un sector a otro de esta manera”.