En la localidad zaragozana de Pedrola, la plantilla de la fábrica de tubos de escape Bosal ha aprobado en una asamblea el preacuerdo alcanzado en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, con un 68% de votos a favor. Este acuerdo implica el cierre de la factoría y el despido de los 131 trabajadores, con una indemnización de 26 días por año, hasta un máximo de 15 mensualidades, condicionado a la evolución del concurso de acreedores al que se acogerá la compañía.

El presidente del Comité de Empresa, David Chico (CCOO), ha expresado a Europa Press su descontento con el acuerdo, a pesar de que valoran la capacidad de negociación. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) adelantará parte de la indemnización, mientras que la otra parte dependerá del resultado del concurso de acreedores de Bosal.

Algunos sindicatos, como OSTA, no han firmado el acuerdo al considerar que la empresa no garantiza el pago de las indemnizaciones. Según Cristina Escalada, de la Federación de Industria de OSTA, la dirección de Bosal ha insinuado que no podrán cumplir con los pagos acordados, lo que generarán dificultades para los trabajadores.

Con este panorama, la empresa Bosal anunció un ERE para todos los empleados de su planta de Pedrola, argumentando la pérdida de un contrato con Volkswagen que representaba el 80% de su producción. Esto ha generado malestar entre dirigentes políticos aragoneses, como la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, quien critica el proceder de la empresa y lamenta la situación extrema en la que se encuentran los trabajadores.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha respaldado a los trabajadores y ha expresado su esperanza de que Bosal asuma las responsabilidades de los despidos, evitando que el Fogasa sea el que cubra los costes y permitiendo que la multinacional no salga impune.