En una jornada significativa para el desarrollo rural, el Pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha dado luz verde este miércoles a un ambicioso plan destinado a revitalizar los barrios rurales de la provincia, logrando un consenso unánime entre todas las fuerzas políticas. Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de un millón de euros, financiará un total de 49 proyectos en localidades que a menudo enfrentan retos específicos debido a su ubicación geográfica y demográfica.

Estas subvenciones se convocan anualmente con el propósito de proporcionar apoyo esencial a los 25 municipios que albergan estos núcleos rurales, los cuales se encuentran desligados del núcleo urbano principal. Las iniciativas financiadas se centran en la mejora de infraestructuras y equipamientos que son vitales para garantizar una calidad de vida adecuada a sus habitantes.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, destacó en la rueda de prensa previa a la sesión plenaria la importancia de este plan. “Buscamos atender las particularidades y necesidades propias de los barrios rurales, asegurando así que sus residentes no sientan que son ciudadanos de segunda categoría en comparación con quienes residen en áreas más centradas como la capital. Nuestro objetivo es brindar igualdad de oportunidades en el acceso a servicios y equipamientos esenciales”, subrayó.

El programa, que se mantiene con un presupuesto de un millón de euros, está destinado a los 40 barrios rurales repartidos entre los 25 municipios beneficiarios, que juntos cuentan con casi 5.000 habitantes. Esta inyección económica permitirá a los gobiernos locales ejecutar una variedad de 49 proyectos que incluyen mejoras en la pavimentación de calles, el acceso a núcleos de población, alcantarillado, redes de suministro de agua potable, renovación de alumbrado público y protección del patrimonio cultural.

Para los efectos de este plan, se definen como barrios rurales aquellos núcleos que, por su separación de la capital del municipio y características específicas, merecen una atención diferenciada. Este reconocimiento se formaliza a través de diversos acuerdos adoptados por la institución provincial.

Las cuantías de las subvenciones distribuidas varían significativamente entre los municipios. Por ejemplo, Ejea de los Caballeros, que cuenta con el mayor número de barrios rurales, recibirá 416.722 euros, mientras que Sigüés obtendrá una menor asignación de 6.888 euros. El reparto se efectúa con criterios transparentes, otorgando a cada barrio rural una asignación fija de 10.000 euros y un variable de alrededor de 125 euros por habitante empadronado.

Entre las localidades que se beneficiarán de estas ayudas se encuentran Ardisa, Bárboles, Belmonte de Gracián, Biota, Calatayud, El Frasno, Fuentes de Ebro, La Joyosa, Lucena de Jalón, Luna, Monreal de Ariza, Monterde, Morés, Murillo de Gállego, Navardún, Los Pintanos, Sádaba, Salvatierra de Esca, Santa Eulalia de Gállego, Sestrica, Sigüés, Sos del Rey Católico, Tarazona y Tauste.

Además de esto, Sánchez Quero se refirió al convenio establecido con el Ayuntamiento de Zaragoza para inversiones en los barrios rurales de la capital, el cual está dotado con 4 millones de euros anuales. El próximo martes, se celebrará la reunión de la comisión de seguimiento, donde se evaluará el estado de las obras contempladas. Si la ejecución de los proyectos se sitúa entre un 60 y un 70%, se considerará prorrogar el convenio; sin embargo, si la ejecución es sólo del 20 al 30%, se dará por terminado el acuerdo y se iniciará la evaluación de una nueva propuesta.

En otro orden de cosas, durante la sesión plenaria de diciembre, se aprobó, con el único voto en contra de VOX, una moción que fue presentada de manera conjunta por PSOE, PP, CHA y En Común-IU. La moción solicita al Gobierno de España que promueva, de manera prioritaria y urgente, la reforma del sistema de financiación local a la par de la financiación autonómica. Además, pide la suspensión de las reglas de gasto que actualmente imponen limitaciones a los ayuntamientos para el próximo año.

El texto también exige la actualización de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con el fin de aumentar las competencias municipales en áreas cruciales como servicios sociales, desarrollo local y políticas de género y juventud.

Finalmente, la iniciativa solicita un refuerzo de la colaboración entre el Gobierno de España y las entidades locales, abogando por la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el consejo de Política Fiscal y Financiera, así como en conferencias sectoriales, como miembro de pleno derecho. Estas acciones buscan fortalecer la autonomía y capacidad de gestión de los gobiernos locales en su labor de atender las necesidades de sus comunidades.