24h Aragón.

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La Delegación del Gobierno en Aragón se enfoca en abordar la violencia en personas con problemas de salud mental.

La Delegación del Gobierno en Aragón se enfoca en abordar la violencia en personas con problemas de salud mental.

En Zaragoza, el pasado 18 de septiembre, se llevó a cabo una importante reunión entre los subdelegados de las tres provincias, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ASAPME y agentes dedicados al tratamiento de la salud mental. El objetivo era abordar las actuaciones necesarias ante los brotes violentos en personas con trastornos mentales.

Esta problemática es especialmente grave en áreas rurales donde el acceso a servicios de atención en salud mental es limitado, como han comentado diversos alcaldes a los subdelegados en los últimos meses.

La subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, destacó que en muchos casos los residentes de pequeños municipios recurren a la Guardia Civil al no tener otra opción. Se enfatizó en la necesidad de un enfoque integral y multidisciplinario, conociendo los recursos disponibles para estas personas y sus familias.

El grupo de trabajo se ha propuesto mejorar la prevención de trastornos mentales y definir las acciones a tomar en casos con o sin diagnóstico médico. Se establecerán comisiones de trabajo para actuar ante situaciones concretas y servir como guía en casos similares.

Desde ASAPME, su gerente, Ana López Trenco, calificó la reunión como un hecho histórico y fijó como metas del grupo de trabajo delimitar la problemática, buscar soluciones, trabajar en red y coordinar recursos. Se resaltó que, aunque estadísticamente son menos violentos que la población general, la falta de recursos y coordinación es un factor clave en los brotes de estas personas.

En la reunión, convocada por la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, y a la que asistieron también el subdelegado en Huesca, Calos Campos, y el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, estuvieron presentes representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, técnicos de la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de Aragón y miembros de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, así como del Instituto de Medicina Legal de Aragón.