La concesionaria del CAM de Ateca no volverá a firmar contrato con la Administración aragonesa, asegura Susín.
La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha señalado a los partidos de la oposición que el pasado Gobierno del cuatripartito volvió a otogar la gestión del Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca (Zaragoza) a pesar de las denuncias existentes, asegurando que la concesionaria no volverá a tener contrato con la Administración Pública aragonesa mientras el PP esté en el poder.
En una comparecencia en el Pleno de las Cortes de Aragón para abordar el cierre judicial del CAM de Ateca, donde el director del centro y cuatro trabajadores están en prisión provisional por presuntos delitos contra la integridad moral de menores, torturas y lesiones, Susín recordó que la gestión del centro fue renovada repetidamente por los gobiernos anteriores, liderados por el PSOE, a pesar de las quejas existentes.
La consejera explicó que se ha iniciado un plan de trabajo para recopilar información, analizar el funcionamiento del centro y mejorar el sistema de protección de menores en Aragón, manteniendo siempre como prioridad la seguridad y bienestar de los menores afectados.
Entre las medidas tomadas se cuenta la apertura de un expediente de investigación interna en el IASS, el inicio de un procedimiento disciplinario al responsable del servicio provincial de tutelas y protección a la infancia, y la rescisión del contrato con la entidad gestora del centro por incumplimiento.
Además, se ha contratado de urgencia una unidad de atención terapéutica para menores con capacidad para 15 plazas durante seis meses, y se está trabajando en un plan de revisiones de centros de menores, un registro del personal y un protocolo de actuación en caso de vulneración de derechos de los menores en acogimiento en la comunidad autónoma.
Desde la oposición, se han planteado críticas a la gestión del Gobierno en este caso, con el PSOE lamentando la falta de transparencia, VOX cuestionando la política migratoria y destacando la nacionalidad de algunos acusados, y otras formaciones políticas respaldando las medidas tomadas por la consejera.
Carmen Susín ha agradecido la prudencia de algunos diputados y ha lamentado las críticas de la izquierda, señalando que esta situación pone de manifiesto la falta de inversión en servicios sociales durante los años de gobiernos socialistas y de izquierdas en Aragón.
La responsable autonómica de Bienestar Social y Familia ha anunciado que se está revisando todos los contratos con entidades del acuerdo marco, exigiendo documentación sobre su solvencia económica, financiera y técnica, así como medidas para reforzar la supervisión del funcionamiento de los centros de menores.