En una decisión sin precedentes, la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha formulado una sugerencia al Departamento de Sanidad del Gobierno de la Comunidad para asegurar la prestación de servicios sanitarios en las zonas rurales a los mutualistas y demás beneficiarios vinculados a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con las mutualidades.

Esta sugerencia tiene como objetivo garantizar que se implementen las medidas necesarias para cumplir con el Convenio firmado en 2022 entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Gobierno de Aragón, el cual reconoce a los mutualistas la atención en Atención Primaria en municipios rurales con menos de 20.000 habitantes.

La resolución surge a raíz de la queja de un ciudadano aragonés que experimentó dificultades para recibir atención para su padre en el centro de salud de Sabiñánigo debido a ser mutualista de una entidad incluida en el convenio mencionado.

Esta acción del Justiciazgo ha sido rápidamente contestada por el Departamento de Sanidad, que reconoce en su respuesta que estos mutualistas tienen el derecho a recibir atención sanitaria de acuerdo al convenio establecido y ha trasladado esta información al Servicio Aragonés de Salud.