ZARAGOZA, 23 de noviembre. La formación de Izquierda Unida ha manifestado su firme convicción de que la agricultura en España debe transitar hacia un modelo productivo que priorice lo social y familiar, siempre en sintonía con la sostenibilidad y el respeto al medioambiente. Esta postura ha sido dirigida al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, instándole a cumplir con la legislación aún vigente en la comunidad autónoma.

Este pronunciamiento de Izquierda Unida se ha producido durante las jornadas de discusión conocidas como 'Debate sobre modelo agroalimentario', que tuvieron lugar este sábado en Zaragoza, organizadas por el Colectivo Malas Yerbas. En estas sesiones se encontraban presentes representantes destacados de IU, entre los cuales se resalta la secretaria de organización, Eva García Sempere, y el coordinador de Andalucía y actual diputado por Sumar, Toni Valero.

Valero, durante su intervención, defendió un modelo de agricultura que sea social y familiar, año clave para afrontar problemáticas como la "uberización" del ámbito rural, una tendencia que favorece a los fondos de inversión y a la proliferación de instalaciones fotovoltaicas. También enfatizó la necesidad de mejorar la rentabilidad de las producciones, abogando por un fortalecimiento de la ley de cadena alimentaria, además de expresar su preocupación por el impacto negativo del tratado con Mercosur, del cual instó a desvincularse.

El debate entre los participantes subrayó la urgencia de promover un modelo que asegure el “arraigo” de la población en su territorio y garantice la “protección” del medioambiente, haciendo hincapié en la sostenibilidad de las prácticas agrícolas actuales.

El diputado Toni Valero enfatizó la importancia de “escuchar al campo”, considerándolo vital para la “construcción” de “un nuevo país”. Se opuso a un modelo agroindustrial que sólo se beneficia unos pocos y abogó por un enfoque social y familiar que base su desarrollo en el vínculo de la población con el entorno y el respeto por el medioambiente.

En su análisis, el diputado subrayó los retos que enfrenta el sector agrícola, como el fenómeno de la concentración de tierras fértiles en manos de grandes inversores que las destinan a parques fotovoltaicos, lo que podría amenazar la actividad agrícola tradicional. A su vez, destacó las complicaciones que enfrentan muchos agricultores para alcanzar la rentabilidad, y propuso reforzar la ley de cadena alimentaria, a través de mecanismos que faciliten el control de precios y la inspección dentro del sector.

En otro sentido, Valero también destacó la problemática asociada a los tratados de libre comercio, instando a que España se retire de las negociaciones del Tratado de Mercosur, argumentando que este acuerdo resulta perjudicial para el sector agrario, para los productores locales y para el medioambiente, además de tener efectos negativos sobre las comunidades campesinas en América del Sur.

Desde su perspectiva, Eva García Sempere, secretaria de organización de Izquierda Unida, resaltó la conexión entre democracia y la dignidad tanto de los productores como de los consumidores: “Un país no puede considerarse verdaderamente democrático si los productores no viven en condiciones que les brinden una existencia digna, así como tampoco si los consumidores carecen de acceso a alimentos sanos, sostenibles y de calidad”.

Para cumplir con estos objetivos, García Sempere propuso un modelo que priorice la agricultura familiar y social, siempre en un marco de sostenibilidad que toma en cuenta la coyuntura actual de crisis climática. “Nos enfrentamos a un contexto en el que los límites del planeta han sido superados, lo que implica desafíos significativos en el acceso al agua y a tierras productivas; el aspecto climático debe ser prioritario en nuestras discusiones”, argumentó.

En este contexto, Álvaro Sanz, coordinador general de Izquierda Unida Aragón, hizo hincapié en la relevancia de salvaguardar el modelo social y familiar en el sector agrícola, señalando que está siendo cuestionado por la derecha. Así, Sanz instó públicamente al nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, a clarificar el futuro de la Ley de Agricultura Social y Familiar, así como a priorizar políticas que aseguren la viabilidad de la vida en los pueblos, una necesidad urgente ante los riesgos de despoblación y el decreciente número de agricultores.

“En Aragón contamos con un marco legislativo que protege el modelo social y familiar de la agricultura, un enfoque que ha sido cuestionado por sectores de la derecha y ultraderecha. Es el momento de que el señor Rincón defina de manera clara cuál será el rumbo de la Ley de Agricultura Social y Familiar”, concluyó Sanz; un llamado que podría marcar un punto de inflexión en la política agrícola de la región.