ZARAGOZA, 17 de diciembre.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha informado este martes al juez sobre un incendio que se produjo el pasado viernes, 13 de diciembre, en las instalaciones de la escuela Caneto. Este siniestro ha dejado inoperativa una de las tres aulas del centro, lo que ha llevado al Ejecutivo a solicitar que se garanticen las condiciones de seguridad en el recinto educativo.

La consejera Tomasa Hernández y el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, han explicado en un comunicado que se ha presentado un escrito al tribunal solicitando la revisión de las contracautelas que fueron impuestas previamente para resguardar la seguridad de docentes, alumnos y personal del centro. El Gobierno regional ha instado a que se cumplan a rajatabla las exigencias establecidas en el Código Técnico de la Edificación, incluyendo especificaciones sobre qué medidas deben implementarse y quién es responsable de su ejecución.

Desde el Departamento de Educación se ha resaltado que las instalaciones de la escuela están operativas bajo un régimen de medidas cautelares, las cuales fueron confirmadas en abril. Entre estas medidas, se incluyó la obligación de regularizar el sistema de calefacción en un plazo de dos meses desde su ratificación y de demostrar la resistencia al fuego de los elementos estructurales durante el período no lectivo del verano.

El escrito dirigido a la sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) aclara que, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ni la legalización del sistema de calefacción ni se ha presentado un informe que avale la resistencia al fuego de los elementos estructurales, con un plazo que concluirá al final del verano de 2024.

El Departamento también ha expuesto que, basándose en la situación actual y en el informe del Servicio de Prevención, Extinción y Salvamento de la Diputación Provincial de Huesca, el sistema contra incendios del centro es deficiente y no cumple con las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación.

Como muestra de esta insuficiencia, el escrito subraya que no se activó ninguna alarma durante el incendio, que el edificio carece de equipamiento para detectar y controlar fuegos, y que se desconoce si el aula siniestrada contaba con los medios adecuados para la evacuación de los ocupantes.

El documento deja claro que el objetivo primordial de este Departamento es y siempre será asegurar la integridad física de los alumnos, lo cual es una obligación elemental de cualquier administración educativa. Se observa que la actuación previas de quienes tenían la responsabilidad anteriormente, que ignoraron las exigencias legales de seguridad, no debería comprometer ni afectar a la labor de quienes ahora tienen esa responsabilidad y están comprometidos a cumplir la normativa vigente.

Además, dado que el proceso para establecer un nuevo centro educativo se ha iniciado de oficio por el Departamento en julio y tomará varios meses debido a la necesaria transmisión de terrenos por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) al municipio, Educación ha solicitado al juez que defina las medidas necesarias para preservar las condiciones del servicio en la escuela Caneto tal como existían antes del 7 de noviembre de 2023. Argumentan que el incendio ha alterado drásticamente estas condiciones.

En relación con el siniestro, el departamento ha informado que el aula dañada por el fuego no puede ser utilizada para actividades educativas y ha destacado que las otras dos aulas restantes tienen el mismo sistema de calefacción, lo que amplía los riesgos existentes a esos espacios.

La única alternativa viable, según se expone en el escrito, es agrupar a los alumnos en las dos aulas restantes, las cuales son de tamaño considerablemente menor y presentan las mismas deficiencias en cuanto al cumplimiento del Código Técnico de la Edificación que el aula afectada.

Ante esta situación, se considera “necesario y urgente” que el Tribunal insista en el cumplimiento estricto de la contracautela, lo cual es fundamental para garantizar la seguridad de profesores, alumnos y personal que trabaja en la escuela, concluye el documento.