En Zaragoza, el servicio de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la 'okupación' ilegal de viviendas ha atendido a 318 casos en los últimos tres años, de los cuales 54 se produjeron en 2023. La mayoría de estos casos se concentran en el distrito Casco Histórico, y esta asesoría es el resultado de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Real e Ilustre Colegio de Abogados con el objetivo de orientar y ayudar a las personas que sufren este problema en la ciudad.

Desde su creación en enero de 2021, el 60 por ciento de las consultas corresponden al primer año, mientras que el porcentaje se mantiene alrededor del 20 por ciento en los dos años siguientes. Dentro de todas las incidencias, un 20,75 por ciento se han dado en el distrito Casco Histórico, seguido de Las Delicias, con un 16,7 por ciento de las consultas.

En cuanto a la distribución de las consultas por distrito, Las Fuentes ha registrado un 6,6 por ciento de los casos; Torrero-La Paz un 6,2 por ciento; y El Arrabal, Oliver-Valdefierro y San José están empatados en un 4,4 por ciento cada uno. Además, se ha detectado una situación de vulnerabilidad social en el 10,3 por ciento de las 'okupaciones', informando siempre a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para su intervención.

En relación a los trámites legales, el 38,58 por ciento de las consultas ya han iniciado acciones judiciales, el 35,43 por ciento están considerándolo y solo un 25,98 por ciento descarta esta vía en principio. En un 69 por ciento de los casos, las consultas provienen de propietarios de viviendas, el 24 por ciento de comunidades de propietarios y el 4 por ciento restante de vecinos afectados.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha presentado estos datos durante una rueda de prensa, destacando que el convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados se renueva por otros tres años. Serrano ha calificado este acuerdo como "muy útil" para proteger y asesorar a los propietarios y comunidades más vulnerables de la ciudad de Zaragoza.

El consejero ha afirmado: "La ocupación es un problema real y constante que afecta a la seguridad de nuestros vecinos y perjudica nuestra convivencia". Además, ha celebrado que tanto el equipo de gobierno actual como el anterior hayan dejado de favorecer a los 'okupantes', revirtiendo esta situación a partir de 2019.

Serrano ha destacado: "Los propietarios de viviendas en Zaragoza con menos recursos económicos pueden irse más tranquilos de vacaciones en agosto, sabiendo que el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados no los dejarán indefensos ante una ocupación ilegal de su vivienda".

Por su parte, el coordinador de la Oficina de Asesoramiento de Ocupación de Viviendas, Juan Salanova, ha recordado que el objetivo de este servicio es proporcionar asesoramiento legal especializado de forma gratuita y orientar a los propietarios afectados o vecinos de comunidades de propietarios.

En cuanto a los datos de 2023, el tercer trimestre fue el de mayor intensidad de consultas, con 18 casos atendidos, de los cuales 11 fueron en el distrito Casco Histórico, 8 en Delicias y 5 en Oliver-Valdefierro, de un total de 54 registrados.

Salanova ha especificado: "Agosto en particular tuvo un mayor impacto, con un 20 por ciento de las consultas del año, debido a los movimientos vacacionales de la gente, lo que crea más oportunidades para la ocupación ilegal de viviendas".

En cuanto a los solicitantes de consultas, el 70 por ciento son propietarios de viviendas ocupadas, el 28 por ciento son vecinos con problemas derivados de la ocupación en sus propiedades adyacentes y el 2 por ciento restante son comunidades de propietarios u otros casos. El 77 por ciento de las consultas se realizan por teléfono, mientras que el resto se hacen por correo electrónico.

El responsable de la oficina ha aclarado que la llamada 'inquiocupación' no se ha incluido en estos datos, ya que no se considera una ocupación ilegal en sí misma, sino un caso de desahucio por falta de pago. También ha señalado que la ocupación ilegal de viviendas habituales, es decir, el allanamiento de morada, es prácticamente inexistente. Por otro lado, ha informado de que la vivienda más susceptible de ser 'okupada' es aquella que está vacía, ya sea por una herencia o porque el residente habitual se ha trasladado a una residencia.

Salanova ha destacado: "También cumplimos una función social, ya que muchas consultas provienen de personas con rentas bajas que sufren un perjuicio económico debido a la ocupación". En este sentido, Víctor Serrano ha añadido que los datos demuestran que los barrios con una renta per cápita baja son los más afectados por este problema.

Serrano ha expresado la "preocupación" del Ayuntamiento sobre el impacto de las decisiones del Gobierno de España en el mercado de alquiler de viviendas. Ha señalado que algunos propietarios optan por mantener sus inmuebles vacíos en lugar de alquilarlos, lo que afecta también a los ayuntamientos. Según Serrano, "a menor oferta y mayor demanda, los precios aumentan, por lo que las limitaciones impuestas por el Gobierno de España no son sostenibles en el mercado".

Para proporcionar información adicional, el Colegio de Abogados y el Ayuntamiento de Zaragoza han elaborado una "Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal", que detalla cuestiones como qué es la ocupación ilegal, quiénes pueden acceder al servicio de asesoramiento, los protocolos de actuación, el coste y el tiempo de los procedimientos, y cómo presentar las denuncias correspondientes. Este documento ha sido distribuido en los Centros Cívicos de la ciudad y en otros espacios municipales para dar a conocer el servicio de asesoría legal gratuita entre los ciudadanos de Zaragoza.

El Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles está disponible a través del teléfono '650 662 430' en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, así como por correo electrónico '[email protected]', disponible las 24 horas del día.