El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado el recurso contencioso-administrativo presentado por la comunidad autónoma de Aragón en relación al desarrollo del Real Decreto ley que aborda la acogida de infancia migrante no acompañada de manera solidaria y vinculante.

Aragón había impugnado una comunicación emitida por la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia el pasado 20 de marzo. Esta comunicación recordaba a las comunidades autónomas la obligación de informar sobre el número de menores extranjeros no acompañados y la ocupación efectiva de las plazas de acogida disponibles, de acuerdo con lo estipulado en el mencionado decreto.

En su decisión, el TSJM argumentó que la comunicación del Ministerio de Juventud e Infancia no puede considerarse un acto administrativo vinculante, sino simplemente una solicitud de información. En el fallo se destaca que esta comunicación se emitió en cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto Ley 2/2025, solicitando datos antes del 31 de marzo de 2025 y agradeciendo por adelantado la colaboración de las comunidades autónomas.

Los jueces aclararon que el recurso de Aragón no se sostenía legalmente, puesto que no se trataba de un "acto administrativo decisorio" y no tenía la naturaleza de un "acto de trámite cualificado", sino meramente de "una solicitud de información".

Fuentes del Ministerio han calificado esta decisión como el “tercer golpe judicial” que la comunidad autónoma ha recibido en su intento por frenar el avance del marco legislativo que promueve la acogida solidaria de los menores migrantes. En junio, el TSJM ya había desestimado medidas cautelares solicitadas por Aragón que buscaban impedir la divulgación de sus datos sobre acogida de menores no acompañados, y en julio, la Audiencia Nacional había desestimado recursos similares relacionados con la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Desde el Ministerio se ha señalado que la insistencia de Aragón en llevar esta lucha judicial es perjudicial no solo desde un enfoque legal, sino que también tiene connotaciones racistas. Estas resoluciones judiciales, argumentan, demuestran que el proceso legislativo se centra no solo en los derechos de los menores extranjeros no acompañados, sino que también es sólido desde una perspectiva jurídica.