El día 3 de diciembre en Zaragoza, el grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón ha dado un paso decisivo al reactivar su proposición de ley relacionada con las entidades privadas de servicios sociales. Esta decisión surge como respuesta a la falta de acción y la gestión desorganizada del actual Gobierno autonómico liderado por Jorge Azcón. La iniciativa fue formalmente presentada esta misma mañana por los representantes socialistas.

El objetivo fundamental de esta ley es posicionar la calidad como una prioridad en la acción social, reafirmando la necesidad ética de contar con un sistema de protección social que responda adecuadamente a las variadas necesidades de la ciudadanía a lo largo de su vida.

Como destacó durante una rueda de prensa Pilimar Zamora, portavoz socialista de Bienestar Social y Familia, esta proposición de ley no es nueva. Fue originalmente presentada por el Gobierno anterior de Javier Lambán en 2018, pero su tramitación se detuvo al final de esa legislatura, a pesar de haber avanzado considerablemente. La creación de este proyecto está contemplada en la legislación autonómica desde hace más de una década, en 2009.

La crisis provocada por la pandemia trajo consigo nuevas reflexiones, impulsadas por las conclusiones de la Comisión de estudio relacionada con la reestructuración de los centros asistenciales para mayores en Aragón. A raíz de estas reflexiones, el anterior Gobierno decidió reiniciar un proceso participativo en 2021, que culminó con la presentación de este impulso legislativo en enero de 2023.

Sin embargo, el tiempo ha sido un factor en contra, ya que no se logró concluir su tramitación, y a pesar de que todos los grupos parlamentarios coincidían en la urgente necesidad de su aprobación, el Gobierno de Azcón optó por dejarla en el limbo legislativo, sin incorporarla incluso en su Plan normativo, lo que ha sido duramente criticado por Zamora.

La diputada considera que la falta de un plan claro y de una visión a largo plazo por parte del Departamento de Bienestar Social ha derivado en una gestión meramente reactiva e improvisada. Esta situación ha quedado evidenciada por recientes eventos, como el cierre del centro de menores en Ateca o el lamentable incidente ocurrido en la residencia de Villafranca de Ebro, lo que pone de manifiesto la urgencia de revisar tanto las condiciones de los centros de servicios sociales como las condiciones laborales de su personal.

Desde su perspectiva, esta proposición de ley es un paso hacia la consolidación de un sistema de servicios sociales más coherente, donde coexistan tanto la iniciativa pública como la privada. Además, busca fortalecer la exigencia de autorización para la prestación de servicios y regular la acreditación de entidades privadas, un requisito crucial para su colaboración en la oferta de prestaciones públicas.

Para Pilimar Zamora, esta proposición se convierte en un pilar fundamental sobre el cual debe construirse un marco normativo que sea flexible y respetuoso con los derechos de todas las personas. Esto incluye la modificación del Decreto 111, que data de 1992 y cuya necesidad de actualización es unánimemente reconocida por todos los grupos parlamentarios.

Además, enfatiza que la ley debe responder a un modelo centrado en las personas, priorizando la calidad del servicio, los derechos individuales y la atención a colectivos vulnerables como mayores, personas con discapacidad y menores en riesgo de exclusión social.

“Es esencial que aceleremos el proceso y orientemos nuestros esfuerzos hacia un Departamento que, actualmente, parece estar estancado y sin rumbo”, argumenta Zamora, quien continúa abogando por la aprobación de esta ley. Es a través de su tramitación en las Cortes, junto con las aportaciones y enmiendas de los distintos grupos, que se puede enriquecer el texto y dar cabida a la misma unanimidad que ha surgido sobre la urgencia de su avance.”

La portavoz socialista lamenta la falta de compromiso en el Gobierno actual para progresar en la atención a las poblaciones más vulnerables, señalando que, a pesar de que el PP reconocía previamente la necesidad de una nueva regulación durante su etapa en la oposición, en los últimos 16 meses no ha existido un solo esfuerzo tangible en esta dirección.

“En el contexto del Día Internacional de las personas con discapacidad, esta iniciativa cobra especial relevancia, ya que representa un paso fundamental hacia el desarrollo normativo que garantizará sus necesidades y el derecho a una vida independiente en igualdad de condiciones. Consideramos que esta es solo la primera piedra en la construcción de un sistema más justo y solidario”, concluyó Pilimar Zamora.