El 26 de octubre, el grupo socialista en las Cortes de Aragón ha realizado un movimiento importante al solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Social, Octavio López. Esta acción responde a inquietudes sobre posibles irregularidades en la reciente licitación del Ejecutivo para la construcción de viviendas en el terreno conocido como Harineras en Huesca.

Desde el PSOE, se exige que ambos funcionarios aclaren la gestión de este suelo público destinado a la edificación de viviendas. En particular, se cuestiona si un terreno que había sido cedido para el desarrollo de vivienda protegida por el Ayuntamiento de Huesca está siendo redirigido hacia proyectos que beneficien a un empresario privado en lugar de atender las necesidades habitacionales de la comunidad.

La controversia estalló en una reciente sesión plenaria del Ayuntamiento de Huesca, donde los votos del PP y de un concejal no adscrito permitieron avanzar una modificación de un acuerdo aprobado el año anterior. Este cambio, que algunos consideran una simple "corrección semántica", alteró el compromiso de construir "vivienda protegida" y lo transformó en "viviendas sujetas a algún régimen de protección pública", diluyendo así las garantías de acceso asequible.

La diputada socialista Lorena Canales subrayó la gravedad de la situación en torno a la crisis de vivienda que atraviesa la Comunidad, especialmente en Huesca. Considera que el gobierno autonómico no debe involucrarse en prácticas de especulación urbanística mientras la población enfrenta dificultades para acceder a un hogar digno.

Canales detalló que, gracias a la reciente modificación realizada por el Ayuntamiento, las futuras viviendas podrían alcanzar precios muy por encima de lo estipulado. En lugar del valor de 7 euros por metro cuadrado que establece la normativa para viviendas protegidas, estos precios podrían elevarse a más de 11 euros el metro cuadrado, creando un impacto significativo en la economía de los ciudadanos.

Para ilustrar el desbalance, el grupo socialista comparó el costo de una vivienda protegida de 70 metros en La Merced, aún no adjudicada, que tendría un alquiler mensual de 452 euros, con los 800 euros que se espera que alcanzarán las viviendas en Harineras, casi duplicando el precio anterior.

Canales fue firme en su rechazo a la pretensión de Azcón de especular con el patrimonio municipal, afirmando que estos terrenos pertenecen al Ayuntamiento de Huesca y deben ser utilizados para el beneficio de la ciudadanía, no como un activo comercial para enriquecimiento privado.

Además, recordó que la cesión del terreno mencionado fue autorizada en 2024 por el Gobierno de Aragón mediante un decreto que reiteraba su destino exclusivo a vivienda protegida, implicando una obligación de reversión en caso de incumplimiento en su uso.

La diputada concluyó alertando que esto ya se está materializando, pues en junio de este año, el Departamento de Fomento aprobó una orden para abrir a concurso público la explotación de este solar, permitiendo que una empresa privada obtenga beneficios económicos a través de la operación de las viviendas, una situación que contradice el propósito original de dicha cesión.