En una reciente sesión en las Cortes de Aragón, la vicepresidenta Mar Vaquero fue llamada a comparecer por los socialistas para discutir el estado de implementación del Plan Anual Normativo de 2024. Este encuentro se ha convertido en un escenario propicio para que los opositores expongan su preocupación sobre el avance legislativo en la comunidad.

Darío Villagrasa, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, no dudó en criticar al Gobierno autonómico por la tardanza en la presentación de la Ley de Presupuestos para 2025. Esta demora, según él, es un reflejo de la "debilidad y soledad" del Parlamento, así como una muestra de la falta de compromiso por parte del Ejecutivo hacia los ciudadanos de Aragón.

Durante la sesión, Villagrasa preguntó a Vaquero sobre el nivel de satisfacción del Gobierno aragonés con respecto a la ejecución de su Plan Anual Normativo de 2024, el cual contempla la tramitación de 24 nuevas leyes, 47 decretos y una serie de órdenes para diversas ayudas. El diputado socialista destacó que, a pesar de estas ambiciosas proyecciones, la realidad es preocupante.

En un tono crítico, Villagrasa se centró en la Ley de Presupuestos como la "ley principal" que aún no ha visto la luz. Afirmó que el hecho de que el Partido Popular esté en minoría en el Parlamento debería ser un aviso de que su inacción sobre este tema es insostenible, subrayando que "ya van tarde".

El portavoz socialista enfatizó que, más allá de los anuncios sobre "proyectos estrella", que se presentan con gran pompa, lo que realmente necesita Aragón son leyes efectivas. Reiteró que el Plan Anual Normativo había sido calificado de "realista" por el propio Gobierno en el Consejo de Gobierno del pasado 28 de febrero.

Villagrasa alertó sobre el hecho de que, de las leyes comprometidas, solo un tercio se ha puesto en marcha y muchas de ellas han quedado estancadas. Instó al Ejecutivo a clarificar cuáles normas tienen la intención de aprobar y cuáles podrían quedar relegadas, insinuando que, de continuar así, el número podría ser alarmante.

En respuesta, Mar Vaquero defensó la gestión del Gobierno, afirmando que el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo ha sido del 26% en los últimos 15 meses. No obstante, también aprovechó la oportunidad para señalar que la legislación no debería ser el foco principal en el momento actual, sugiriendo que hay prioridades más inmediatas que atender.

La vicepresidenta argumentó que la meta del Gobierno es "aprobar leyes necesarias, justas y consensuadas con la sociedad", y que las normativas varían según las necesidades a lo largo del año, en respuesta a una "realidad dinámica".

Vaquero también comparó su actual Plan Anual Normativo con el legado del gobierno anterior, que logró aprobar 217 normas en 2023. En su declaración, hizo hincapié en que la calidad de las leyes es más importante que la cantidad, sugiriendo que la abundancia legislativa no siempre se traduce en progreso efectivo.

Asimismo, Vaquero recordó que la primera iniciativa del nuevo Gobierno ha sido la Ley de Presupuestos, destacando la importancia de este proceso para cambiar el rumbo político y económico en Aragón, tras la elección de un Ejecutivo del Partido Popular en alianza con VOX.

A pesar de las críticas, Vaquero enfatizó que hasta diciembre es posible presentar nuevas leyes, aunque advirtió que en muchas ocasiones lo que realmente se necesita es una mejor ejecución de las leyes existentes y garantizar su calidad.

Carmen Herrarte, del Partido Popular, intervino para subrayar que "no siempre es beneficioso producir muchas normas", promoviendo la necesidad de simplificar la burocracia que complicaría aún más la vida de ciudadanos y empresas.

Desde VOX, David Arranz hizo un llamado a la coherencia en la legislación, instando a derogar leyes que considera “sectarias” y que han sido impulsadas por grupos de presión sin el consenso de la ciudadanía, haciendo mención de la Ley de Identidad y Expresión de Género.

Por parte de CHA, José Luis Soro señaló la fragilidad del actual Gobierno para aprobar nuevas leyes, a pesar de sus afirmaciones de éxito electoral, y expresó su preocupación por la influencia de las posturas radicales de VOX en el proceso legislativo.

Tomás Guitarte, representante de Aragón-Teruel Existe, centró su intervención en las necesidades del medio rural, sugiriendo la implementación de un mecanismo que garantice el apoyo a las áreas más despobladas en el próximo Plan Anual Normativo de 2025.

Desde IU, Álvaro Sanz exigió una reorientación hacia normativas más concretas y efectivas para mejorar la sanidad y educación en Aragón, criticando los planes carentes de contenido y solicitando seguridad jurídica.

Finalmente, el parlamentario del PAR, Alberto Izquierdo, instó a realizar un esfuerzo por disminuir la cantidad de normativas inútiles y avanzar hacia una simplificación legislativa que beneficie a los autónomos, pymes, y a todos aquellos que trabajan en el campo aragonés.