ZARAGOZA, 20 de octubre.

El Partido Popular (PP) en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha anunciado su intención de solicitar la reprobación de algunas figuras destacadas del PSOE Aragón, específicamente de su secretaria general, Pilar Alegría, de la líder de los socialistas en Zaragoza, Teresa Ladrero, y del presidente del PSOE en la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero. Esta medida surge como respuesta a su supuesta inacción ante los procedimientos judiciales que enfrenta Lucio Cucalón, presidente de la Comarca Campo de Cariñena y alcalde de Aguarón, que es objeto de diversas acusaciones, según reveló el presidente provincial del PP, Ramón Celma, en una reciente rueda de prensa.

Los populares han puesto el foco en lo que consideran una falta de respuesta efectiva por parte de estos tres líderes ante las "presuntas irregularidades" relacionadas con Cucalón. Se apoyan en un fragmento del Código Ético del PSOE, que exhorta a una gestión responsable y transparente, estableciendo la obligación de asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas sin tratar de desviar culpas hacia terceros.

Celma expresó que solo solicitan que los representantes del PSOE cumplan con el código ético que ellos mismos han establecido para la administración pública. "Cada día que pasa con Cucalón en el cargo es una mancha para Zaragoza y toda la Comunidad Autónoma", añadió, cuestionando qué compromisos mantienen Pilar Alegría, Teresa Ladrero y Juan Antonio Sánchez Quero con Cucalón para justificar su permanencia en el cargo. "Algo no está bien en el PSOE de Zaragoza y Aragón", advirtió.

Por su parte, Cucalón, quien actualmente se encuentra suspendido de militancia en el PSOE, emitió un comunicado en el que denuncia ser víctima de una "guerra sucia" y amenaza con acciones legales contra ciertas figuras del Gobierno de Aragón y del PP. Aseguró que solo se retirará de su posición si es condenado por un tribunal.

La reacción del Gobierno aragonés no se hizo esperar, criticando a Cucalón por su falta de legitimidad y su supuesta "atrevimiento" al lanzar acusaciones. Se le instó a dejar de lado las amenazas y a considerar su dimisión.

Estos acontecimientos se dan en un contexto marcado por una denuncia presentada por la Fiscalía, la cual alega que Cucalón incurrió en irregularidades al adjudicar contratos por un total de 235.000 euros a una empresa con la que tenía vínculos personales y por acumular dietas injustificadas.

Además, el alcalde enfrenta otros problemas judiciales, incluyendo un recurso ante el Tribunal Supremo respecto a una condena anterior por acoso laboral, así como un juicio pendiente por falsedad documental relacionado con un proyecto urbanístico que no se materializó.

Ante esta situación, el PP ha intensificado la presión sobre Cucalón, presentando diversas mociones en el Ayuntamiento y en la comarca. Desde el partido se afirma que hay miembros del PSOE que no están de acuerdo con el liderazgo actual y que se han abstenido de apoyar a Cucalón, lo que podría abrir la puerta a candidaturas alternativas.

Celma también ha querido desligar este asunto de las acusaciones contra el alcalde de Monterde, el popular José Gracia Ruiz, donde se enfrenta a denuncias sobre irregularidades en la inmatriculación de propiedades, argumentando que las circunstancias son diferentes y que el caso fue archivado por el fiscal.

El líder del PP ha afirmado que el procedimiento de reprobación se presentará formalmente el mismo día y que se discutirá en la próxima sesión plenaria de la DPZ, que se espera que tenga lugar el 9 de noviembre.