El pasado jueves, el diputado autonómico del Partido Popular y también alcalde de Graus, José Antonio Lagüens, lanzó una contundente propuesta que busca la derogación de la ley de residuos, a la que califica como un "castigo" para los ciudadanos de Aragón. Según Lagüens, esta legislación sobrecarga a los ayuntamientos con unas tasas de basura excesivas que resultan inasequibles para muchos municipios.

En su declaración, el político del PP argumentó que la iniciativa busca poner fin a lo que considera una "patada fiscal" y un claro desapego hacia la autonomía municipal, a manos del Gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra Pilar Alegría. A su juicio, la ley obliga a que el cien por cien de los costes del servicio sea cubierto por los ciudadanos, ignorando que la Unión Europea no requiere tal imposición y sugiere alternativas de financiación más justas.

Además, Lagüens enfatizó que esta normativa introduce un nuevo impuesto estatal que, lejos de beneficiar la gestión de residuos, sobrecarga económicamente a los consistorios y, por ende, a los contribuyentes. Al gravar a las plantas de tratamiento, este sistema genera un aumento de los costos que eventualmente se traslada a las tasas que pagan los ciudadanos, lo que pone de manifiesto su carácter injusto.

El diputado también remarcó que la aplicación de esta ley ha sido criticada hasta por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al considerarse que se implementa sin un diálogo adecuado con los alcaldes y municipios afectados. Lagüens expresó que este enfoque constituye un ataque a la autonomía local y una forma de fiscalidad excesiva.

Por último, el alcalde de Graus advirtió que la ley impacta de forma desproporcionada en los municipios más pequeños, que enfrentan retos adicionales como la despoblación y grandes distancias entre núcleos, lo que eleva los costes de servicio. "El gobierno de Sánchez no solo está confiscando recursos, sino que muestra un desprecio evidente hacia la soberanía local", concluyó Lagüens, describiendo la situación como un ejemplo de gestión fiscal confusa y perjudicial.