En un paso hacia la recuperación y el fortalecimiento de la cohesión social, las Cortes de Aragón han dado un voto unánime este miércoles en sesión plenaria para aprobar un Decreto del Gobierno de Aragón. Este decreto establece un conjunto de medidas destinadas a reparar los daños y pérdidas ocasionadas por las recientes inundaciones, desbordamientos y desprendimientos provocados por intensas lluvias en la región. La iniciativa busca facilitar el restablecimiento de la normalidad en los municipios que han sufrido estas inclemencias meteorológicas.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado sobre la magnitud de la situación: más de 400 incidentes fueron registrados por el servicio de emergencias 112 durante las últimas DANA. Destacó que a lo largo del periodo desde el 29 de agosto hasta el 9 de septiembre, los impactos fueron particularmente severos en la margen derecha de los ríos Jiloca, Piedra y Ribota, así como en el norte de la provincia de Huesca, donde las lluvias torrenciales dejaron un rastro de inundaciones y desprendimientos.

En un segundo episodio que se produjo entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, las comarcas de Cuencas Mineras y Matarraña también se vieron gravemente afectadas. La situación se extendió a la zona sur de la provincia de Teruel y afectó a municipios cercanos a Castellón y Tarragona, así como a la Comunidad de Calatayud en Zaragoza. Dada la magnitud de las lluvias, el Gobierno de España declaró a estas regiones como gravemente afectadas, permitiendo así un conjunto de medidas para mitigar los daños en infraestructuras y restablecer los servicios esenciales.

Este Decreto-Ley incluye ayudas directas tanto para particulares como para empresas con el objetivo de rehabilitar viviendas, restaurar explotaciones agropecuarias, así como apoyar la industria y el comercio local, según precisó Bermúdez de Castro. Además, se contemplan recursos para la recuperación de infraestructuras de las administraciones locales afectadas por las inclemencias.

El consejero subrayó que la lista de municipios afectados sigue abierta y están en proceso de revisar todas las solicitudes. Afirmó categóricamente que “no hay ningún criterio político” que influya en la inclusión de nuevas localidades. Además, aseguró que la cuantía de las ayudas será lo suficientemente significativa, estimándose en un principio en 20 millones de euros, provenientes de los remanentes de los fondos MRR.

Desde el Partido Popular, el diputado Juan Carlos Gracia Suso instó a que en este complicado momento prime la unidad, la empatía y la solidaridad, elementos que se han manifestado en actos de voluntariado en las comunidades afectadas. Su llamado resuena en la necesidad de unirse en tiempos de crisis.

Por su parte, el representante del PSOE, Daniel Alastuey, se pronunció sobre la diligencia demostrada en la respuesta a la crisis, resaltando la coordinación entre las autoridades para brindar apoyo a los afectados. Aseguró que estos desastres naturales son un recordatorio urgente de la necesidad de tener un sistema de emergencias robusto y preparado.

Santiago Morón, portavoz adjunto de VOX, enfatizó la urgencia de atender los daños provocados por las DANA y manifestó su apoyo a la implementación de contratos de ayuda de emergencia para la reparación de infraestructuras y servicios públicos necesarios en la población.

Desde CHA, José Luis Soro argumentó que no era necesario tramitar el decreto como un proyecto de ley y aprovechó la oportunidad para pedir al Gobierno de España que incluya en sus decretos de ayudas a algunos municipios aragoneses afectados por la reciente DANA en la Comunidad Valenciana.

El portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, sugirió que el decreto se convierta en un proyecto de ley que permita la inclusión de enmiendas, mostrando preocupación por el retraso en la publicación de las ayudas anunciadas.

En nombre de Izquierda Unida, Álvaro Sanz expresó su solidaridad con los damnificados y destacó la importancia de implementar las medidas con agilidad y de manera correcta, defendiendo la necesidad de establecer mecanismos extraordinarios para asegurar la concesión de subvenciones adecuadas.

Finalmente, el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, se sumó a las preocupaciones, afirmando que existen municipios que merecen ser incluidos en la lista de beneficiarios y celebró que se esté considerando la ampliación de esta lista para incorporar localidades como Albarracín y Los Olmos, garantizando que ningún rincón afectado quede atrás en el proceso de recuperación.