El Gobierno incrementa en 7,3 millones la ayuda a centros de empleo para personas con discapacidad

El Gobierno incrementa en 7,3 millones la ayuda a centros de empleo para personas con discapacidad

El Gobierno de Aragón ha decidido aumentar el crédito destinado a subvenciones para la creación y el mantenimiento de empleo para personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Esta medida se produce después de que se considerara insuficiente el presupuesto aprobado en febrero de este año. El objetivo de este incremento es cubrir parte de los costes salariales de las aproximadamente 3.300 personas con discapacidad que trabajan en los 71 centros especiales de empleo en Aragón.

Con esta nueva asignación económica se espera poder cubrir los costes salariales de enero a octubre de 2023. Estas subvenciones se basan en el tipo y grado de discapacidad, el sexo, la edad y el tipo de contrato de las personas con discapacidad empleadas en los centros especiales de empleo, y su objetivo es garantizar la estabilidad de dichos empleos.

Las ayudas varían desde el 50% hasta el 70% del salario mínimo interprofesional vigente. Estas subvenciones se dirigen principalmente a aquellos trabajadores con discapacidad que tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral debido a su tipo y grado de discapacidad, edad (mayores de 45 años) o sexo.

Además de estas subvenciones, el programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido también cuenta con la ayuda ofrecida por el INAEM para el funcionamiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo.

Estas subvenciones alcanzan los 1.440 euros al año por cada trabajador con discapacidad y dificultades de acceso al mercado laboral que tenga un contrato mínimo de seis meses.

En julio pasado, se resolvió la adjudicación de 1,5 millones de euros que actualmente están en proceso de justificación. También se subvencionan con 2.000 euros la eliminación o adaptación de barreras. Asimismo, se otorgarán hasta 400 euros al año por cada persona con discapacidad auditiva atendida a través de los servicios de interpretación, con un límite de 1.000 euros por centro.

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