El Gobierno de Aragón revisará el sistema comarcal en todas sus áreas para su mejora.

En Zaragoza, la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, se comprometió a realizar un análisis exhaustivo del sistema comarcal con el objetivo de mejorar en todos los aspectos posibles. Durante la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, fue interpelada por el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte.

Hernández destacó la importancia de las diputaciones provinciales en brindar apoyo a los municipios, especialmente a aquellos con menor capacidad económica, mientras que al Gobierno de Aragón le corresponde la tutela financiera y el régimen jurídico de ayuntamientos y comarcas.

En esta legislatura, el Ejecutivo aragonés se ha propuesto avanzar en la calidad institucional de los municipios y comarcas, proponer una ley para simplificar la organización y funcionamiento de los pequeños municipios, intensificar el apoyo a las comarcas y ofrecer respaldo jurídico a la Administración local.

Hernández resaltó que en 2023, cerca de 19.619 personas trabajaban en la Administración local aragonesa, lo que resalta la importancia de contar con una dotación financiera, recursos humanos y herramientas técnicas adecuadas para mejorar la calidad institucional.

La consejera mencionó la existencia del Fondo Aragonés de Financiación y la Sección 26 de los Presupuestos, destinada a las comarcas, como parte de los recursos con los que cuenta el Gobierno de Aragón.

Guitarte subrayó que las comarcas desempeñan un papel crucial en la prestación de servicios públicos en zonas rurales despobladas y que han sido fundamentales para mejorar la eficiencia del gasto público. Destacó que el modelo comarcal en Aragón se basa en la capacidad de gestión administrativa, política y económico-social para el desarrollo de los territorios.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe cuestionó si el sistema comarcal ha sido evaluado por el Ejecutivo autonómico y si cumple adecuadamente sus funciones. Señaló que la diversidad en tamaños, población y superficie puede ser un desafío que el Gobierno debe abordar para garantizar la eficiencia en la prestación de servicios públicos en las comarcas.