24h Aragón.

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El Gobierno de Aragón restablece la reducción de jornada en verano para los funcionarios de Justicia.

El Gobierno de Aragón restablece la reducción de jornada en verano para los funcionarios de Justicia.

En Zaragoza, el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco, ha anunciado que los trabajadores de la Administración de Justicia recuperarán la reducción de 30 minutos en la jornada diaria entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, suprimida el año pasado.

Esta medida viene acompañada de la compensación a estos empleados públicos con cuatro días extra de asuntos propios por las horas no disfrutadas durante el verano de 2023.

Según Nolasco, estas decisiones van más allá de cuestiones numéricas y de horarios, siendo una respuesta a las tácticas desleales del PSOE cuando pierden elecciones.

El vicepresidente explicó que los socialistas han saboteado la transición administrativa eliminando la reducción de jornada con un aviso de última hora, provocando inconvenientes a los trabajadores que estarían bajo la nueva gestión.

Nolasco acusó al PSOE de utilizar las instituciones como un arma política, incluso si eso significa perjudicar a los empleados.

Consideró la decisión del gobierno anterior como una rabieta infantil por su derrota electoral, calificándola de graves y premeditada, ya que era consciente de que enfrentarían consecuencias legales.

Además, criticó al expresidente Javier Lambán por no haber solicitado a tiempo el juzgado número 23 de Zaragoza, que gracias a la eficiencia de la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, pudo entrar en funcionamiento rápidamente.

El Departamento de Justicia ha sido el primero en recorrer todos los juzgados en ocho años para mejorar la eficiencia y rapidez en la prestación de servicios judiciales a los aragoneses, destacó Nolasco.

Por su parte, la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, resaltó que los funcionarios habían disfrutado de esta jornada de verano desde hace siglo pasado.

Explicó que, debido a un contencioso-administrativo interpuesto por los empleados públicos, el Gobierno de Aragón optó por resolver extrajudicialmente el conflicto, volviendo a la situación anterior para evitar el proceso legal.