24h Aragón.

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Chueca denuncia la generación de "división ciudadana" por parte del Gobierno español con la bonificación del transporte público.

Chueca denuncia la generación de

La alcaldesa de Zaragoza y militante del PP, Natalia Chueca, ha expresado su desacuerdo con el Gobierno de España por crear divisiones entre los ciudadanos de Cataluña y el resto del país a través de la bonificación del transporte público. Durante un encuentro en la sede del Partido Popular de Madrid, Chueca se reunió con el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, y alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Chueca afirmó que el Gobierno de España está generando diferencias entre los ciudadanos, ya que no es lo mismo vivir en Cataluña que vivir en el resto de España. Como alcaldes, puntualizó, lo que buscan es la satisfacción de sus vecinos y el buen funcionamiento de las ciudades. La alcaldesa criticó que el Ejecutivo tenga dos mensajes diferentes en cuanto a la bonificación del transporte público según el lugar de residencia. Por un lado, Junts dice que bonificará el 50%, por lo que todos deberíamos recibir esa misma bonificación. En cambio, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que eliminarán el condicionado de la bonificación y los ayuntamientos serán libres de aplicar o no el 20%. Chueca recriminó a Montero por utilizar competencias municipales para las políticas nacionales y aprovecharse del dinero invertido por los ayuntamientos. Además, destacó que los ayuntamientos tienen la obligación de mejorar constantemente el transporte público urbano al modernizar la flota de vehículos, hacerla más sostenible y menos contaminante, y ofrecer precios asequibles. También criticó las diferencias en las subvenciones propuestas por el Gobierno central en función del lugar de residencia de los ciudadanos en España. A su juicio, es necesario tener claras las reglas del juego y saber cómo se va a aplicar el decreto firmado. Chueca enfatizó que las ayudas deben llegar directamente a las instituciones públicas encargadas de gestionar el transporte público, es decir, los ayuntamientos. Además, afirmó que deben establecerse criterios homogéneos basados en la población, los kilómetros y variables objetivas, y que el Gobierno central informe anualmente sobre cuánto aportará para fomentar la movilidad sostenible en las ciudades. Concluyó diciendo que el transporte público no debería utilizarse con fines políticos para engañar a los ciudadanos y perjudicar a los alcaldes de las ciudades.