El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha realizado una intervención significativa este jueves en el Pleno de las Cortes de Aragón, donde compareció a solicitud propia para ofrecer un análisis de la reciente Conferencia de Presidentes que tuvo lugar en Santander el pasado 13 de diciembre. Azcón ha expresado con firmeza que la condonación de 1.000 millones de euros de deuda a la Generalitat de Cataluña se traduce en una subrogación que implicará que todas las comunidades autónomas asumirán los costos de dicha deuda.

Durante su exposición, Azcón enfatizó el mensaje claro: “Quieren que sean los aragoneses quienes paguen la deuda, un traspaso que busca que la obligación financiera de la Generalitat recaiga sobre los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de que sea asumida directamente por ellos”. Esta crítica a la gestión financiera del gobierno central refleja una preocupación creciente entre los representantes autonómicos sobre la equidad en el trato financiero entre regiones.

El presidente aragonés lamentó que no se haya llegado a ningún tipo de acuerdo con el Ejecutivo español sobre cuestiones cruciales como la financiación autonómica, la crisis migratoria, el acceso a la vivienda y la escasez de profesionales sanitarios. “Es frustrante constatar que no se han tomado decisiones que realmente beneficien a la comunidad”, manifestó, subrayando la necesidad de una reestructuración significativa en el sistema de financiación autonómica.

Azcón también subrayó su preocupación por la atención prioritaria que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, parece otorgar a Cataluña. Al respecto, apuntó a las reducciones en la financiación estatal que ha sufrido Aragón, especialmente mencionando los 87 millones de euros recortados de las entregas a cuenta que afectan directamente a su comunidad.

Durante la Conferencia de Presidentes, el jefe del Ejecutivo aragonés planteó la idea de establecer un “pacto de Estado” en torno a la inmigración, cuestionando la rapidez con la que una pequeña localidad de apenas 1.500 habitantes, como Rubielos de Mora, podría recibir a más de 100 inmigrantes de un solo golpe, lo que él consideró un desafío para la cohesión social y la integración.

En cuanto a la problemática de la vivienda, Azcón reiteró su compromiso de construir más de 1.000 nuevas viviendas, destacando su intención de “actuar con hechos y no solo con palabras”. Criticó la no creación de una sociedad pública estatal que no satisfaga las necesidades habitacionales de los pequeños municipios de Aragón.

Sobre la carencia de profesionales en el sector sanitario, Azcón aseguró que en los últimos años no se ha implementado ninguna medida concreta para abordar esta crisis. Abogó por un plan que facilite la fidelización del personal médico para asegurar la cobertura de plazas que han resultado difíciles de llenar. En este sentido, enfatizó la necesidad de simplificar la homologación de títulos extranjeros y expresó su desacuerdo con lo que está sucediendo en Muface.

El discurso de Azcón no estuvo exento de crítica hacia el PSOE, a quien acusó de “estar perdidos” y de no haber tomado en serio las mermas en la financiación durante su etapa de gobierno en Aragón. “Les parecerá poco la reducción de 87 millones de euros, pero es un hecho palpable que afecta a nuestros recursos”, subrayó, poniendo de manifiesto la descoordinación y falta de entendimiento dentro de la política autonómica.

En respuesta a las declaraciones de Azcón, la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, remarcó que el foco debería estar en debatir los Presupuestos, sugiriendo que el presidente aragonés prefería abordar tópicos, como criticar a Sánchez, en lugar de centrarse en las necesidades financieras de la comunidad. “Cabe recordar que ustedes recibirán más de 5.000 millones de euros en entregas a cuenta y liquidación del Gobierno de España”, le recordó, tratando de poner en perspectiva la situación financiera de Aragón.

Por su parte, el portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, expresó su indignación al afirmar que Sánchez se alía con fuerzas filoterroristas mientras ignora las necesidades de Aragón. Nolasco instó a Azcón a tomar acciones concretas y cuestionó si realmente el presidente aragonés creía que recibiría los 87 millones de euros prometidos. “Es hora de pensar más allá de la política y tener una ideología firme”, manifestó.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, se unió a la crítica expresando que “tenemos un problema muy serio de relación con España”, y lamentó que los líderes nacionales como Feijóo y Ayuso no hayan permitido la consecución de acuerdos beneficiosos para la autonomía aragonesa. Insistió en que la discusión sobre los 87 millones es solo un pretexto para no avanzar en la aprobación de los Presupuestos.

Tomás Guitarte, representante de Aragón Teruel Existe, opinó que tales reuniones no son más que un ejercicio de imagen, acusando al PP de no defender adecuadamente los intereses de Aragón, al igual que el PSOE. Para Guitarte, ambos partidos parecen priorizar las necesidades de las regiones más pobladas, sugiriendo que “el PSOE es un partido catalán y el PP un partido madrileño”.

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, también criticó la actuación de Azcón, acusándolo de ser más un portavoz de Feijóo que de los aragoneses. Aseguró que tanto el PP como el PSOE utilizan estas conferencias para lanzarse acusaciones mutuas, sin abordar realmente las preocupaciones de la población.

Finalmente, Álvaro Sanz de IU confrontó a Azcón, señalando la incoherencia en su discurso al criticar la bilateralidad con Cataluña mientras al mismo tiempo exige un trato especial para Aragón. Sanz argumentó que el PP parece haber asistido a la Conferencia a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de buscar soluciones concretas.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, cerró la dinámica de intervenciones señalando que su preocupación no es la llegada de inmigrantes a Rubielos de Mora, sino la falta de oportunidades laborales para ellos. Propuso que el Gobierno de Aragón implemente ayudas directas de hasta 50.000 euros para emprendedores rurales, cofinanciadas por el Ejecutivo central, a fin de fomentar el desarrollo y la integración laboral en sus comunidades.