El 27 de noviembre, en una sesión plenaria de las Cortes de Aragón, el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, comunicó la próxima adjudicación de un importante paquete de 496 viviendas públicas en Zaragoza, ubicadas en la Avenida de Cataluña y el barrio del Picarral. Esta iniciativa busca responder a la creciente necesidad de alojamiento asequible en la capital aragonesa.

Azcón destacó que, en un periodo de tan solo 27 meses, su administración ha puesto en marcha un total de 2.900 viviendas, un logro que califica como un hito en la historia de la vivienda pública en la región. Esta cifra, según las declaraciones del presidente, marca un avance significativo hacia la experimentación de un modelo más accesible de vivienda.

Además, el presidente anunció el lanzamiento del programa ‘Más 3.000’, que contempla la creación de viviendas públicas en alquiler asequible con la opción de compra a diez años. Las localidades de Utebo, Alagón y Figueruelas también se beneficiarán de esta estrategia, contribuyendo así a un total de 3.000 viviendas en el mismo lapso de tiempo, un récord que su administración pretende superar.

Azcón, quien solicitó comparecer ante el Pleno, subrayó que la crisis de vivienda se ha convertido en un desafío primordial tanto para Aragón como para el resto del país, debido a los severos incrementos en los precios que, como apuntan datos del Banco de España, arrojan un déficit de 700.000 viviendas. Esta situación representa una presión insostenible sobre los jóvenes, por lo que se contemplará la reducción del 50% en el impuesto de transmisiones patrimoniales en el próximo proyecto de ley de presupuestos.

"El panorama es complicado y no se resolverá con medidas populistas", enfatizó, rechazando cualquier intervención en los precios y defendiendo la necesidad de incrementar la oferta residencial. Esta estrategia se enmarca dentro de lo que él califica como "la mejor política de vivienda en todo el país", con el objetivo de alcanzar las 5.000 viviendas al final de su gestión.

El presidente criticó las gestiones previas afirmando que, a diferencia de las promesas de su predecesor, su administración ya ha iniciado 2.340 viviendas, y aspirando a levantar otras 2.000 si el Gobierno central cede terrenos ociosos. Además, recordó que la sociedad pública SVA tiene planes de construir 500 viviendas asequibles para el sector turístico en diversas localidades aragonesas.

El acceso a la vivienda es, según Azcón, una herramienta fundamental para combatir la despoblación, de ahí su plan de vivienda, que también se extiende a municipios más pequeños. Asimismo, se mostró satisfecho de haber desbloqueado el proyecto de Arcosur, donde se edificarán 17.000 viviendas, 1.000 de las cuales estarán a precios asequibles, financiadas con los ingresos de grandes inversiones empresariales que han reportado beneficios a la economía local.

“La política de vivienda es una prioridad”, reiteró Azcón al defender la colaboración entre la esfera pública y privada para mejorar la situación de los aragoneses, en especial la de los jóvenes. Se dirigió a los representantes del PSOE para señalar que su enfoque ha fracasado, culpando al Gobierno de Pedro Sánchez de los exorbitantes precios actuales de la vivienda y afirmando que no legó ningún plan estructurado para este sector.

Ante las críticas, Azcón ironizó sobre los socialistas, recordando las promesas de desarrollo de viviendas en Arcosur que no se cumplieron. Insistió en que, bajo su gestión, se están desarrollando infraestructuras sin precedentes. El portavoz del PP, Fernando Ledesma, también criticó al Gobierno central por haberse centrado en promesas vacías durante siete años, mientras el costo de la vivienda sigue aumentando.

Desde el PSOE, Fernando Sabés argumentó que la privatización de la vivienda transforma un derecho humano en un producto comercial y rechazó la políticas del Gobierno de Azcón como un retroceso hacia modelos del pasado, pidiendo enfoques más centrados en las necesidades de la ciudadanía en lugar de beneficias a los promotores.

Alejandro Nolasco, de Vox, pidió claridad sobre el avance en Arcosur y cuestionó si las nuevas políticas realmente facilitan el acceso a una vivienda digna, advirtiendo sobre el incremento de los precios y la relación de este fenómeno con la inmigración y la gestión de terrenos. Mientras, José Luis Soro, de CHA, exigió detalles sobre las condiciones de construcción y abogó por un verdadero parque de viviendas públicas que no esté sujeto a futuras privatizaciones.

Tomás Guitarte, de Aragón-Teruel Existe, también criticó la política de vivienda del Gobierno de Azcón y pidió que se compartan los protocolos de construcción necesarios. Andoni Corrales, de Podemos, acusó al presidente de preferir la publicidad a la efectividad y exigió un enfoque más inclusivo para mejorar la vertebración territorial en Aragón.

Por último, Álvaro Sanz, de IU, cuestionó la verdadera intención detrás de las políticas de vivienda del Gobierno y reclamó que se prioricen los derechos de la ciudadanía sobre los intereses del mercado, evidenciando un marco legislativo que favorezca el acceso a la vivienda en lugar de su mercantilización. Alberto Izquierdo, del PAR, señaló que los obstáculos burocráticos siguen limitando las adjudicaciones de obras en los municipios, pidiendo flexibilidad en las ayudas que se otorgan a los Ayuntamientos.