El Gobierno de Aragón ha decidido llevar ante el Ministerio Fiscal el caso de los contratos de mascarillas "defectuosas" realizados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) durante el año 2020. Se busca esclarecer si estos contratos podrían constituir un delito de estafa, según lo establecido en el artículo 248 del Código Penal, con una suma de más de 25.000 euros en juego.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha anunciado este movimiento, destacando la importancia de que el actual Gobierno autonómico tome medidas legales para investigar a fondo y depurar las responsabilidades correspondientes.

Susín ha criticado la falta de acción por parte del Gobierno anterior de Aragón, liderado por Javier Lambán, a pesar de haber advertido a la empresa contratante, Grupo Santa Catalina, de posibles acciones legales para recuperar el dinero pagado por material defectuoso. Sin embargo, estas acciones nunca llegaron a materializarse.

En particular, se va a reclamar al Grupo Santa Catalina un total de 25.382,31 euros debido a que las mascarillas adquiridas a un precio de 4,15 euros cada una, bajo la premisa de ser de uso médico, deberían haber costado 0,75 euros. Esto plantea serias dudas sobre la actuación de la empresa vendedora.

El Gobierno aragonés pagó 244.570 euros por las mascarillas defectuosas, que resultaron no cumplir con las normas de seguridad acordadas. Las mascarillas inadecuadas siguen almacenadas en los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar, mientras que la empresa emitió un certificado falso sobre la calidad del material.

La situación se agrava al saber que el responsable de la empresa, Emilio Santa Catalina, fue denunciado en Canarias por un intento de estafa relacionado con la venta de vacunas contra la Covid-19. Además, el Ejecutivo anterior no actuó en consecuencia para recuperar el dinero pagado por el material defectuoso.

Ante estos hechos, se ha decidido remitir el expediente al Ministerio Fiscal para que se reclame el dinero defraudado al Gobierno de Aragón. La consejera Susín ha subrayado que esta acción podría constituir un delito de estafa, según lo establecido en el artículo 248 del Código Penal.