ZARAGOZA, 10 de diciembre.

El Gobierno de Aragón está a punto de alcanzar un hito significativo a finales de este año, superando la cifra de 55.000 personas en situación de dependencia que están siendo atendidas por el Departamento de Bienestar Social y Familia. La consejera Carmen Susín ha comparecido este martes en la Comisión de las Cortes de Aragón, invitada por varios grupos, incluidos el PSOE, CHA, IU y VOX.

Al inicio de la legislatura, la atención a la dependencia se encontraba en una situación crítica, con un sistema que presentaba carencias evidentes. Sin embargo, el Departamento ha logrado cubrir todas las plazas vacantes en los equipos de atención y ha extendido los horarios de atención, todo ello sin depender de los fondos europeos. A pesar de que la lista de espera real no era del todo clara, se han tomado medidas para abordar esta problemática.

La consejera ha destacado que las valoraciones han aumentado considerablemente, llegando a triplicarse, lo que ha permitido una disminución en la lista de espera desde el pasado verano. En octubre, el número medio de personas atendidas superó a la cifra total de personas dependientes, lo que refleja una mejora en la gestión.

“Hemos logrado desatascar muchas dificultades” afirmó Susín, aunque reconoció que enfrentar la problemática de la precariedad resulta un desafío constante. Según sus declaraciones, las prestaciones de servicios han crecido notablemente y ha habido un aumento de 40 millones de euros en la financiación proveniente del Gobierno de España, algo que atribuyó a una buena gestión.

Recientemente, en noviembre de 2023, el Departamento ha contratado un equipo adicional para agilizar las valoraciones, sumando un total de tres equipos que han realizado más de 15.500 valoraciones hasta la fecha. Susín también mencionó un acuerdo firmado por el alcalde Azcón con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha dado lugar al Plan de Atención a la Niña y la Mujer. La consejera lamentó que el plan anterior solo se había implementado en un 38%. “A pesar de que el Gobierno anterior se autodenominaba feminista, no se hicieron avances significativos en este ámbito”, apuntó.

En términos de cooperación, Bienestar Social ha hecho hincapié en la necesidad de cumplir con el acuerdo establecido con CERMI, manteniendo reuniones de seguimiento y previniendo otra para el próximo mes de enero. Además, un futuro acuerdo marco prevé aumentar la dotación presupuestaria con el fin de reducir las listas de espera. Las próximas acciones incluirán un análisis del cambio en el modelo de atención, así como la continuidad de proyectos orientados a promover la vida independiente, como el programa 'Mi casa'. Asimismo, se hace hincapié en la importancia del compromiso hacia la accesibilidad universal, comenzando por el Hospital de Alcañiz y los centros de crisis para víctimas de violencia de género, así como otras instalaciones en la Plaza del Pilar.

La atención a los menores es un área que, según Susín, “no ha evolucionado de la forma esperada,” por lo que el Departamento está trabajando en la reestructuración de sus servicios. Se prevé que en breve se licitará un nuevo contrato para el Centro de Reforma de Juslibol, con un adecuado presupuesto destinado para cumplir con su objetivo.

Tras analizar el funcionamiento de las administraciones en años recientes, Susín expresó que “las izquierdas se han vanagloriado de sus promesas sobre derechos,” pero que “sin financiación, estas se desvanecen en papel.” La consejera hizo hincapié en que “los derechos no son atribuciones de un bloque político, sino una cuestión de gestión que debe ser constantemente mejorada.”

La consejera también criticó lo que describió como "peritas en dulce”, refiriéndose a que la licitación del proyecto del Buen Pastor en Zaragoza comenzó en la legislatura anterior, en terrenos que no pertenecen al Departamento. En Valdefierro se anunciaron pisos tutelados para menores, un proyecto que finalmente fue adjudicado, a pesar de que el Gobierno saliente “lo condenó al fracaso”.

En agosto de 2023, un programa destinado a mejorar las competencias digitales de menores con dificultades había sido trasladado entre departamentos, indicando la falta de interés en hacerse cargo del mismo. Ahora, la Dirección General de Inclusión lo está ejecutando con un enfoque centrado en el bienestar de los ciudadanos.

Los últimos años han puesto de relieve “la precariedad” existente en el sector de la discapacidad, así como en la atención a mayores y menores. En respuesta, el Departamento acordó destinar un aumento en el presupuesto para mejorar la concertación, elevando el precio de las plazas por encima del 3% donde se atiende a los menores, al tiempo que en el área de discapacidad se avanzó hacia la informatización de los expedientes.

La diputada del PP, Silvia Casas, ha declarado que el Departamento “navega a pesar de las carencias dejadas por las gestiones socialistas,” aludiendo a los recortes implementados y al incumplimiento del Gobierno de España sobre la financiación del 50% para la atención a la dependencia. Aplaudió el compromiso de Susín de financiar el proyecto 'Mi casa' con recursos propios, enfatizando que “desde este Gobierno se están llevando a cabo acciones concretas” y que es necesario un uso más adecuado de las tecnologías.

“La gestión que están realizando es impresionante”, celebró la diputada del PP, animando a Susín a mantener el rumbo y a “dejar de lado la ceguera ideológica”.

Pilar Buj, representante de Aragón Teruel Existe, subrayó la importancia de las políticas públicas de este departamento para consolidar el Estado del Bienestar, especialmente en zonas despobladas. Destacó la creciente problemática de la soledad no deseada en estas áreas y propuso que la atención a este fenómeno debería ser una prioridad dentro del Estado del Bienestar.

Buj remarcó que el Departamento tiene la obligación de mitigar los efectos de la despoblación, poniendo el foco en las iniciativas ciudadanas para combatir la soledad no deseada y preguntando sobre las medidas específicas que se están implementando para las personas mayores en el medio rural. “Esto no es un asunto exclusivo de las pequeñas localidades, sino que resuena en diversas áreas de la sociedad,” agregó, mencionando también el proyecto 'Acompañando-T' que se está expandiendo en la zona rural de Teruel mediante la colaboración con la DPT.

Desde VOX, el diputado David Arranz criticó la gestión de la llegada de inmigrantes ilegales y MENA, expresando su desacuerdo con lo que consideró “autobombo” y “opacidad” por parte del Departamento, así como una falta de transparencia política en esta materia. Para VOX, “el PP oculta la verdad a los aragoneses bajo intereses políticos que responden a directrices ajenas.”

Arranz también condenó las políticas de género y la Agenda 2030, advirtiendo del impacto que podrían tener sobre los Presupuestos de 2025. Hizo un llamado a “iluminar la realidad de los inmigrantes en nuestra región”, exhortando a “frenar” el gasto en atención a inmigrantes y la “industria lucrativa de las mafias”, subrayando que cada MENA representa un coste mensual de 5.500 euros.

Por su parte, Pilimar Zamora del PSOE criticó “la forma torticera de proceder” que busca “eludir el debate,” acusando a PP de “instalarse en la oposición” y de dirigirse a “terceros” para justificar su falta de rendición de cuentas. Lamentó la “nefasta gestión” del departamento y la “inoperancia absoluta”, así como los “proyectos arcaicos” que están estancados. Preguntó cuántas normativas han sido aprobadas este año y criticó la disminución del presupuesto consolidado, cuestionando el estatus de la ley del mayor y la de soledad no deseada.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, afirmó que este Departamento ha sido víctima de “las políticas reaccionarias” de la coalición del primer año de gobierno con VOX, mencionando el impacto negativo en las políticas de cooperación y en la atención a menores vulnerables.

Desde CHA, Isabel Lasobras planteó preguntas sobre la oferta del cheque bebé, la asignación de presupuesto para 2025, y si se efectuará alguna modificación en la ley de identidad de género. Interrogó además sobre el uso de la expresión “violencia machista” en contraposición a “violencia intrafamiliar”, y propuso un refuerzo en todas las políticas de atención hacia la población migrante.