ZARAGOZA, 20 de noviembre.

Este miércoles, la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón dio luz verde a una proposición no de ley presentada por el Partido Popular que tiene como objetivo la continuidad de los conciertos sanitarios para los afiliados a Muface. Aunque la medida recibió el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, CHA e IU manifestaron su desacuerdo, mostrando una vez más las divisiones en torno a la sanidad pública y privada en la región.

El diputado del PP, Jesús Fuertes, argumentó a favor de la propuesta, recordando el contexto en el que se instauró Muface, que nació de la necesidad de mejorar el acceso a la sanidad para ciertos sectores. Según él, la diferencia de costes para el Estado es notable, alcanzando los 800 euros por beneficiario, y subrayó que un 70% de los mutualistas opta por la atención en clínicas privadas.

Fuertes advirtió que si estos funcionarios se trasladan al sistema público, podría producirse un incremento de hasta un 200% en el uso de consultas externas y atención primaria, lo que repercutiría de forma grave en la carga asistencial y en el aumento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas. Asimismo, mencionó que serían necesarias 115 camas adicionales y más en un futuro para estabilizar la situación actual.

El representante del PP no escatimó críticas hacia la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien acusó de priorizar sus propias ideas por encima del bienestar general y de emplear tácticas engañosas para desprestigiar el sistema de salud pública.

“Es esencial que continuemos con las conversaciones, y aunque algunas modificaciones puedan ser necesarias, romper con este modelo de forma autoritaria sería injusto y contraproducente en el sector sanitario”, concluyó Fuertes, insistiendo en la efectividad de la colaboración público-privada a lo largo de las últimas cinco décadas.

En contraste, Isabel Lasobras de CHA argumentó que la iniciativa debió discutirse en la Comisión correspondiente del Congreso y recordó que el Gobierno está llevando a cabo consultas preliminares para que las aseguradoras privadas propongan sus tarifas, desmarcándose de la propuesta del PP.

Desde el PSOE, Iván Carpi calificó la propuesta como obsoleta y de motivaciones particulares. En su opinión, es irónico pensar que un pequeño porcentaje de la población podría poner en peligro todo el sistema sanitario.

El parlamentario de VOX, Santiago Morón, se hizo eco de la preocupación por la dependencia de la sanidad pública de la colaboración público-privada, alertando sobre el riesgo de una saturación de servicios que ya enfrentan presión y que no podrían absorber aún más carga.

Por su parte, Joaquín Moreno, de Aragón Teruel Existe, expresó su desaprobación por el uso político que se le está dando a la sanidad, enfatizando que ya hay negociaciones en curso que involucran a las mutuas, y sugiriendo que un aumento en la demanda también podría traducirse en mayores ingresos para el sistema de salud.

Finalmente, Álvaro Sanz de IU, representando al Grupo Mixto, insistió en que la permanencia del sistema de mutualidades es una anacronía y resaltó el aumento del 75% en el número de funcionarios que optan por atención pública, abogando por la mejora de las condiciones en el sistema sanitario público como la verdadera dirección a seguir.