ZARAGOZA, 25 de noviembre. El Gobierno de Aragón ha expresado su satisfacción tras la reciente decisión del Tribunal Supremo, que ha revocado la modificación del Real Decreto 159/2023, la cual imponía un aumento obligatorio en la superficie asignada por cabeza de cerdo. Esta sentencia representa una victoria significativa para las comunidades autónomas que habían alertado sobre las repercusiones que dicha normativa tendría en sus ganaderías.

El Tribunal ha determinado que la medida carecía de un respaldo económico sólido, una conclusión que valida las preocupaciones previamente manifestadas por Aragón y otros representantes del sector. Al restablecer la referencia del Real Decreto 1135/2002, se evita un incremento de gastos que, según las propias estimaciones del sector porcino, habría puesto en serio riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones en la región.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha señalado que “la decisión del Supremo respalda nuestra postura: cualquier cambio normativo debe fundamentarse en datos reales y un análisis económico riguroso”. Rincón ha enfatizado el compromiso de Aragón con el bienestar animal, pero también su rechazo a políticas que ignoran la realidad de las granjas.

El consejero ha agregado que “esta resolución reafirma que las decisiones deben tomarse con buen juicio y escuchando a quienes operan en el sector diariamente. Aragón ha defendido una postura equilibrada que hoy ha sido validada”.

El Gobierno de Aragón subraya que este fallo refuerza su enfoque de buscar regulaciones realistas y evaluadas, que puedan amalgamar el bienestar animal, la sostenibilidad y la viabilidad económica en la ganadería.

Aragón se destaca como el líder en la producción de porcino en España, con más de 15 millones de cabezas al año y un potencial de exportación que superó los 2.200 millones de euros en 2024, alcanzando a 130 mercados globales, siendo China el principal destino fuera de la UE.

Con esta reciente sentencia, la administración autonómica insiste en que cualquier futura regulación que impacte significativamente el sector ganadero debe incluir memorias económicas detalladas y acreditadas, asegurando así la estabilidad y la seguridad jurídica necesaria para este sector clave en Aragón.