ZARAGOZA, 20 de noviembre. En un conmovedor acto, representantes de la Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Psíquica (AFADI) han expresado su profunda frustración hacia los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón. La comunidad sigue sin ofrecer el indispensable servicio de salud bucodental a mayores de 16 años con discapacidad psíquica, a pesar de que otras comunidades autónomas ya han implementado este servicio. Desde 2022, el Ministerio de Sanidad ha disponibilizado fondos específicos para tal fin, pero la situación en Aragón continúa estancada.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, la presidenta de AFADI, Teresita Almagro, destacó que, gracias al empeño de las familias, se logró establecer un servicio de atención bucodental, aunque este aún está restringido a los menores de 16 años. Esta limitación deja a muchos adultos en una situación de desamparo total respecto a su salud bucal.

Uno de los grandes problemas que enfrentan estas familias es que la medicina privada se niega a atender a personas con discapacidad psíquica, quienes a menudo requieren procedimientos más complejos como anestesias generales o sedaciones. "Una simple limpieza dental, que para cualquier ciudadano puede costar unos 100 euros, puede ascender a entre 3.000 y 5.000 euros para quienes necesitan asistencia especial", denunció Almagro, resaltando el abuso que esto representa y la inquietante práctica de solicitar pagos en negro.

Almagro también mencionó la extensión de la cartera de servicios en materia de salud bucodental aprobada por el Ministerio de Sanidad en 2022, que asignó a Aragón más de 3,3 millones de euros. Este plan no solo abarca a los menores, sino que también prioriza a embarazadas, personas con cáncer cérvico-facial y aquellos con discapacidades psíquicas. Sin embargo, el servicio debió implementarse antes de junio de 2023 y, lamentablemente, eso no se ha logrado.

"Ellos tienen derecho a sonreír y nosotros tenemos el derecho a no sufrir por sus sonrisas”, expresó con pesar Almagro, quien también destacó que varias comunidades autónomas, como Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y Andalucía, ya han hecho de esta atención bucodental un servicio esencial, sin esperar a la aprobación de una ley. "Eso duele mucho como aragonesa", comentó con visible tristeza.

Teresita Almagro no compareció sola; estuvo acompañada por dos vocales de la asociación, entre ellas María Jesús Buey, quien calificó esta situación como "una injusticia enorme" y un claro reflejo de la "desigualdad" que existe entre ciudadanos de un mismo país. No olvidó resaltar que el pasado 23 de mayo, las Cortes aragonesas aprobaron por unanimidad una proposición no de ley para garantizar este servicio, que sigue siendo un mero papel sin aplicación real.

La situación se complica aún más al recordar que el Consejo de Ministros aprobó el 18 de junio una nueva asignación de 68 millones de euros, de los cuales casi dos millones eran para Aragón. Sin embargo, la atención a estas necesidades "se ha ido dilatando en el tiempo" mientras las enfermedades de las personas con discapacidad avanzan sin control.

Por su parte, Mónica Caballero, otra vocal de AFADI, insistió en la necesidad urgente de contar con un apoyo hospitalario que garantice el tipo de atención que estas personas requieren debido a sus circunstancias particulares, que incluyen enfermedades crónicas y problemas de comunicación. "Nos enfurece saber que otras comunidades ya han implementado estos servicios. ¿Qué le ocurre a nuestra comunidad?", cuestionó.

Caballero también criticó al Gobierno autonómico, recordando que Aragón recibió más de 1,2 millones en 2022, y que de los casi dos millones asignados para 2023 solo se transfirieron 694.000 euros, dejando más de medio millón sin gastar. "Esto nos parece indignante", subrayó. Según ella, el problema no es de financiación, sino de una alarmante falta de planificación.

En el turno de palabra para los grupos parlamentarios, la diputada del PP María Navarro expresó que existe un consenso sobre la "necesidad imperiosa" de que este servicio se implemente en el sistema público, y se comprometió a que "este gobierno resolverá el problema", a pesar de reconocer que, antes de la llegada de Jorge Azcón al Pignatelli, la administración ya había fallado en ello desde 2022.

Además, Navarro recordó que el Departamento de Sanidad ha comenzado a implementar una nueva unidad de salud mental infanto-juvenil en el Hospital Militar, que inició su actividad a inicios de noviembre. Anunció que la obra de climatización y los materiales para la unidad bucodental también se van a licitar, esperando que el nuevo servicio esté operativo en el primer semestre del año siguiente.

La socialista Ana María Arellano aprovechó la ocasión para disculparse "en nombre de todos" por la inacción ante estas solicitudes que, según ella, deberían ser prioritarias. Recordó que el Ministerio de Sanidad facilitó 127 millones de euros a todas las comunidades autónomas y que, dados los plazos impuestos, se esperaría que el servicio estuviera en funcionamiento desde junio de 2023.

Desde VOX, Santiago Morón también hizo hincapié en la “falta de planificación” que no es nueva, dado que los fondos están disponibles desde 2022, y subrayó que se trata de garantizar no solo financiación, sino también la adecuada infraestructura para el servicio público. Sin embargo, se comprometió a mantener una vigilancia sobre el progreso de esta situación.

Isabel Lasobras, diputada de CHA, hizo eco de las preocupaciones sobre los “precios desorbitados” que deberían pagar las familias por estos tratamientos, coincidiendo en que esta es una cuestión que trasciende las divisiones políticas. Por su parte, Pilar Buj, de Aragón Teruel Existe, expresó su tristeza al haber llegado a este punto, considerando lamentable que el dinero destinado no haya ido a implementar el servicio necesario en un tiempo razonable.

Alberto Izquierdo, del Grupo Mixto (PAR), también realizó una autocrítica, pidiendo "perdón" en nombre del ejercicio legislativo por no haber conseguido actuar de manera adecuada. Aunque matizó que es el Gobierno quien debe decidir el ritmo de avance en esta importante iniciativa. Izquierdo consideró "grave" que se hayan tenido que regresar fondos al Estado y espera que la Consejería de Sanidad proporcione alguna explicación al respecto.